Por Guadalupe Aristarain
Castelli, Aristarain, Valls & Rossi

Un reciente informe de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) establece que en 2014 se generaron en la Tierra 41,8 millones de toneladas de basura electrónica y para 2018 la cifra alcanzará los 50 millones de toneladas.

Los residuos electrónicos (RAEE) son los desechos eléctricos y electrónicos generados cuando finaliza la vida útil de equipos electrodomésticos, informáticos, de conectividad, de impresión, de telefonía, entre otros.Estos equipos son parte de nuestra vida cotidiana y su uso se incrementa notablemente con el avance de la tecnología. La constante innovación posibilita acceder a equipamientos novedosos, pero su uso es proporcional a la creciente generación de basura electrónica. Se trata de la porción de residuos sólidos urbanos que más creció en las últimas décadas.

Argentina se encuentra dentro de los cinco países de Sudamérica con mayor cantidad de generación de este tipo de residuos. Chile lidera el ranking de la región con una generación de 9,9 kilos de basura electrónica por habitante. Le sigue Uruguay con 9,5; Venezuela con 7,6: Argentina y Brasil con 7;y cierra Colombia con 5,3 kilos.

Estados Unidos sigue siendo el país con mayor generación de este tipo de residuo. En 2014 se generaron 22,1 kilos por habitante. Le sigue China, Japón, Alemania e India. Sólo EE.UU. y China generan de forma conjunta casi una tercera parte (un 32%) de la basura electrónica del mundo.

Frente a esta problemática ambiental que crece día a día, Argentina carece de una normativa nacional que regule la generación y disposición sustentable de la basura electrónica y de políticas de reciclado tendientes a la reutilización o aprovechamiento de los materiales reutilizables de éstos equipos en desuso.

En el año 2012 se presentó un proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que entre otras cosas, pretendió la extensión de las responsabilidades legales y financieras de los productores de aparatos eléctricos y electrónicos hasta el final de la vida útil de sus propios productos. Este principio de Responsabilidad Extendida del Productores un postulado internacional que promueve mejoras ambientales en el ciclo de vida de los productos, extiende la responsabilidad del productor especialmente a la recolección, reciclado y disposición final de los equipos.

El proyecto también pretendió prohibirla utilización de sustancias contaminantes en la fabricación de nuevos artefactos y la creación de una infraestructura de ámbito nacional para el descarte, acopio, transporte, reutilización y reciclado de los RAEE.

Si bien obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, el proyecto no contó con la misma suerte en Diputados y perdió estado parlamentario a fines del 2012. No existen al momento avances legislativos en la materia.

La basura electrónica es uno de los tantos temas ambientales que preocupan a los argentinos y el aumento de la utilización de equipos electrónicos debería priorizar la sanción de un marco jurídico que regule una segura  disposición de estos residuos.

El impacto de la contaminación de este tipo de basura está en directa relación con la composición química que los aparatos electrónicos poseen. Los desechos pueden presentar materiales que contienen metales pesados (plomo, mercurio, cadmio, berilio) y químicos peligrosos. También pueden contener materiales valiosos, como el oro y el platino, que pueden recuperarse. Resulta fundamental entonces, contar con un  marco jurídico que permita una adecuada disposición final de los elementos que puedan resultar peligrosos al ambiente y promueva el reciclado de materiales valiosos que hoy se están desperdiciando.

Por el momento los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de nuestro país siguen siendo desechados como residuos domiciliarios y terminan en basurales o rellenos sanitarios sin una adecuada gestión lo que produce contaminación en el suelo, las napas de agua, el aire y afectan la salud de las comunidades vecinas.

Frente al aumento desenfrenado de basura electrónica resulta imprescindible alcanzar una regulación apropiada a nivel nacional que disponga requisitos para la sustentable disposición final de la basura electrónica; promueva políticas de reciclado y reutilización; y evite los impactos negativos en el ambiente por contaminación.