Por Ricardo Foglia *

La reciente huelga desencadenada por el sindicato de camioneros pone  en evidencia, más allá de las razones que la justifiquen, algunas de las patologías que aquejan al sistema de relaciones sindicales de nuestro país.

El conflicto tuvo su causa en un reclamo de aumento de salarios, de incremento de la base remuneratoria a partir de la cual se paga el impuesto a las ganancias sobre los haberes de los trabajadores,  y en la ampliación de la base para las asignaciones familiares.

Es indudable que el derecho de huelga es un derecho constitucional (art. 14 bis de la Constitución Nacional) y los reclamos efectuados por el sindicato son lícitos y hasta razonables.

Pero esta no es la cuestión. El problema se plantea cuando, con motivo de un reclamo lícito se realizan hechos ilícitos y hasta  delitos que dañan, más allá de la abstención de trabajar propia de la huelga, a empleadores y terceros.

Me refiero a los cortes de calles y rutas, a las agresiones a transeúntes o negociadores, a la ocupación de establecimientos, y de lugares públicos, de organismos estatales, a los daños a la propiedad, la paralización de servicios esenciales, al incumplimiento a la conciliación obligatoria dispuesta por las autoridades, entre otras malas prácticas.

Pareciera haberse instalado la idea de que, cuantos más derechos se  lesione y mas personas se dañe (incluidos otros trabajadores ajenos  al conflicto) la medida es más exitosa y merece una respuesta más rápida y complaciente.

No se advierte que  hacer cumplir la ley y evitar daños a terceros, es una responsabilidad indelegable e irrenunciable del Estado, y que evitar y sancionar los delitos no es “criminalizar la protesta social” sino proteger a la sociedad de los predadores y delincuentes. Esta es quizá, la razón de ser del Estado y lo que, con derecho reclaman los ciudadanos - víctimas de esos hechos. Estos también, son obligaciones y derechos constitucionales.

Otra patología del sistema deriva de la falta de prevención y contención de los conflictos. En nuestro país se ha hecho un hábito que toda negociación comienza con un conflicto, y cuanto mas grave es el mismo, mas ventajas se obtendrán. De esta forma se altera el orden lógico y ético que señala que el conflicto es la patología del sistema, es el fracaso de los actores sociales en la búsqueda de consensos.

Esta aceptación de diferencias y búsqueda en paz de acuerdos, está en la  base del sistema democrático El otro método es propio de concepciones autoritarias y prepotentes.

También es cuestionable la generación de conflictos para dirimir cuestiones de poder en los sindicatos y entre sindicatos, ya que los empleadores nada pueden, ni deben, hacer para resolver esas diferencias, como asimismo, los conflictos generados por cuestiones políticas, incluso  de política económica, como el referido al impuesto a las ganancias o asignaciones familiares, que escapan a las posibilidades de empresarios.

Se hace necesario una profunda acción de convicción sobre la impresindibilidad del acatamiento a la ley como base de una sociedad justa y organizada y la revisión del sistema vigente y su remplazo por otro que priorice la paz social, a través de mecanismos de prevención y de negociación racional, dejando a la huelga como una ultima instancia ante al fracaso en la búsqueda de acuerdos entre los sectores involucrados.

* El autor es el Director del departamento de derecho del trabajo, Universidad Austral.