Culpando al Gobierno de todos sus males, finalmente Metrogas se decidió por ingresar al impredecible túnel del default, fantasma que venía sobrevolando a la distribuidora de gas que brinda servicios en Capital Federal y parte del GBA desde fines del año pasado pero al cual le había escapado hasta ayer cuando comunicó a la Bolsa de Comercio la decisión de solicitar la apertura de su concurso preventivo de acreedores. La empresa argumentó que el congelamiento de tarifas que sufre desde hace casi 11 años, y el constante aumento de sus costos le produjeron un ahogo financiero tal que le impide hacer frente al pago de sus deudas.

La decisión le permite evitar el vencimiento de deudas por u$s 20 millones que debía afrontar este mes y en julio, y renegociar con sus acreedores el pago de un pasivo por u$s 250 millones.

Mediante un comunicado de tres páginas, Metrogas asegura no haber podido generar fondos suficientes para afrontar los vencimientos inminentes de su deuda financiera ni el pago de una serie de obligaciones comerciales e impositivas. Según se desprende del documento, la falta de adecuación de su cuadro tarifario por más de una década y una suba de costos que la empresa calcula en un 210% durante ese mismo período, así como la falta de respuestas de las autoridades a sus reclamos, fueron las razones que la llevaron a la cesación de pagos.

La reacción oficial no se hizo esperar. Ni bien la noticia llegó al despacho de Julio De Vido, el Ministro de Planificación Federal ordenó la intervención de la distribuidora, cargo que recayó en Antonio Gomez, designado por el Enargas. Si bien el ente no informó más detalles sobre sus antecedentes, aclaró que la función de Gómez será la de “garantizar el servicio y auditar la reestructuración de la deuda” y que se extenderá “hasta que concluya satisfactoriamente”.

Este párrafo del comunicado deja ver que Gómez no tendrá un rol secundario en Metrogas como ocurre con el interventor que el Gobierno nombró en TGN cuando la transportadora de gas también se declaró en default. Allí, Roberto Pons lleva a cabo un rol más formal.

Metrogas es controlada por Gas Argentino, cuyo capital se distribuye entre British Gas e YPF, que poseen el 54,67% y 45,33% respectivamente. A su vez, Gas Argentino es dueña del 70% de Metrogas. Otro 20% flota en la Bolsa y el 10% restante es del personal.

De Vido indicó ayer que “no comparte los argumentos esgrimidos por la empresa acerca de que la causa sean las tarifas congeladas”, y aseguró que las razones “deben buscarse en los motivos que llevaron a otras empresas y a nuestro país a la crisis de 2001”. Dijo además que la renegociación del contrato “no fue posible por la sistemática y obstinada negativa de la empresa a renunciar a la demanda que mantiene contra nuestro país en el Ciadi”. En realidad, la causa fue iniciada por British Gas en 2002 por la pesificación de sus negocios.

Esta causa incluso generó rispideces entre la firma británica e YPF, ya que desde la petrolera consideran que para readecuar las tarifas es necesario desistir de dicho reclamo. De todos modos, ayer en la empresa petrolera remarcaron que no tienen injerencia en las funciones ejecutivas de Metrogas y que se encuentran evaluando los pasos a seguir con el objetivo de preservar los activos que posee en dicha compañía.

En el caso de British Gas, algunas fuentes sostuvieron que el grupo le habría manifestado a De Vido su intención de desisitir del juicio a cambio de nuevos negocios en el país. Pero en el Gobierno aseguraron que esta promesa “nunca existió”.

De hecho, el comunicado del Enargas asegura que los problemas de Metrogas se deben a que “incrementó sistemáticamente su exposición financiera durante sus ejercicios económicos y privilegió endeudarse en lugar de utilizar los recursos económicos generados”.
 

Fuente: Cronista.com