El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto que amplíe el alcance de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia, sancionando prácticas anticompetitivas y limitando la concentración de mercados en pocas empresas.
El Dr. Alfonso Vilaboa, integrante del departamento de defensa de la competencia del Estudio Posadas, Posadas & Vecino, dijo que, por ejemplo, los acuerdos de fijación de precios entre competidores se consideran siempre nocivos para la competencia.
El experto agregó que “la modificación más importante del proyecto es que las adquisiciones de empresas en las que los participantes sumen más de cien millones de dólares de facturación conjunta, van a necesitar autorización de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia para concretarse”.
Según Vilaboa, la Comisión, una vez notificada de la operación, va a tener 60 días para expedirse y va a poder prohibirla o sujetar su concreción a la toma de determinadas medidas que mitiguen el efecto anticompetitivo de la operación en el mercado. “Por ejemplo, que la empresa compradora venda a su vez algunas líneas de negocio”, comentó.
“El objetivo que persigue este proceso, claramente, es evitar tener mercados demasiado concentrados (o sea, mercados con pocos competidores), porque la experiencia también indica que los mercados muy concentrados tienden a presentar precios más altos de lo que deberían si fueran competitivos”, agregó Vilaboa. “Estas modificaciones nos alinean con los demás países de la región y del mundo, que ya cuentan con estos instrumentos hace tiempo”.
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