Los magistrados integrantes del Poder Judicial, expresaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, su preocupación por el inminente vencimiento del plazo establecido por el máximo tribunal para la actuación de los jueces subrogantes. El vencimiento del plazo establecido por la Corte para que se produzca la regularización de los magistrados que se desempeñaban como subrogantes, se producirá el próximo 24 de mayo. En la reunión que mantuvieron con el Dr. Lorenzetti, los magistrados le informaron sobre las consecuencias que traerá al servicio de justicia la finalización del régimen de subrogancias establecido por el Consejo de la Magistratura. Manifestaron que muchos de los fueros que componen la Justicia Federal y Nacional, se verán imposibilitados de brindar Justicia. Es importante señalar, que según estadísticas del Consejo de la magistratura alrededor de 100 jueces son subrogantes, sobre un total de 895 magistrados que se desempeñan en los tribunales nacionales y federales de todo el país.  La integrantes del Máximo Tribunal, en el fallo Rosza, pronunciado en mayo pasado, establecieron la inconstitucionalidad del régimen de subrogancias vigentes. Consideraron que no se adecuaba a los parámetros constitucionales, debido a que autorizaba un sistema de nombramiento, en el que sólo participaban organismos que operan en el ámbito del Poder Judicial, contrariando el proceso de nombramiento establecido en la Constitución Nacional, en el cual establece que los jueces son nombrados  por el presidente de la Nación, en base a una propuesta vinculante del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado. Sin embargo, y con el fin de evitar un caos judicial, los magistrados resolvieron que eran válidas las resoluciones adoptadas por quienes se desempeñaban en sus cargos como subrogantes, y determinó que podrían continuar en sus cargos durante un año, contado a partir de la notificación del pronunciamiento. Supuestamente, durante dicho lapso, el Congreso y el Poder Ejecutivo, deberían establecer un sistema definitivo que estuviera en armonía con los parámetros constitucionales.