Dos resoluciones de la magistrado serán recordadas: el rechazó al pedido para que se libren oficios y que se comienza a investigar a las entidades que financiaron a la dictadura; y la convalidación de la presentación de un grupo de abogados católicos que declaraba inconstitucional la aplicación de la Ley de Salud Reproductiva en la ciudad.
La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial el decreto que aceptaba la renuncia del cargo de Graciela González Echeverría, ex titular del Juzgado Nacional en lo Civil número 34.
En diciembre de 2010, el magistrado rechazó las medidas solicitadas en una causa civil para que se determine “las entidades que otorgaron financiamiento al Estado Argentino en el período que va desde el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983”.
Cabe recordar que durante esta causa la jueza intentó no participar al declararse incompetente y sostener que debía ser la justicia Civil y Comercia Federal la que tenía que actuar.
El otro controvertido fallo fue en el 2002. En ese momento, la jueza decidió declarar inconstitucional Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable de la Ciudad de Buenos Aires.
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