El pasado 30 de Agosto se realizó la segunda Audiencia Pública por la reforma al Código Civil propuesta por la Presidenta de la Nación. Allí, representantes de asociaciones profesionales de abogados se dieron cita para plantear serios cuestionamientos técnicos al proyecto.

Laura Calógero que encabezó la delegación del Colegio Público de Abogados, sostuvo que: “es necesario que el tratamiento parlamentario sea precedido de un amplio debate doctrinario y académico que permita aportar observaciones y elementos de juicio que contribuyan a mejorar el Proyecto”.

 Fernando Frávega, también del Colegio Público, advirtió que “el texto propuesto constituye un verdadero retroceso para nuestro régimen jurídico republicano y para la efectiva vigencia de los derechos humanos en nuestro país: se abre una verdadera Caja de Pandora”. Con estas palabras, Frávega se refirió al vacío que quedaría en el ámbito de la responsabilidad civil del Estado y funcionarios públicos de aprobarse las modificaciones que propone el Gobierno.

Los abogados rescataron el consenso de opiniones críticas. Así, Fernando Frávega sostuvo: "Enfatizamos, como han hecho otros colegios del país y la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que es llamativo el Código que se está proponiendo, pues aumentará la litigiosidad y la inseguridad jurídica. Hace 80 años que el Estado argentino es responsable de la actuación de sus agentes, gracias a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que ha permitido una adecuada respuesta a los ilícitos del Estado. Pero ahora quieren tirar esta tradición por la borda. Ahora no habría un régimen único, la Nación y cada provincia tendrían su propio régimen, que demorarán décadas en ser aprobados. Así que, mientras tanto, habría un vacío, durante el cual, seguramente, se establecerán espacios de impunidad para los altos funcionaros, algo que juega contra la vigencia de los Derechos Humanos.”

 Oscar Aguilar Valdez, Presidente de la Comisión de Derecho Administrativo Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, coincidió con Frávega y advirtió que  “En la responsabilidad del Estado por los daños causados por su accionar, surge el interrogante acerca de cómo será reconocida en la práctica por los tribunales, lo que obligará, ahora más que nunca, a poner la atención en la independencia e imparcialidad de los jueces, puesto que lo contrario puede constituir una abierta y peligrosa invitación a la destrucción del Estado de Derecho en nuestro país”.

Sostuvo Aguilar Valdez que: “La solución adoptada para la responsabilidad de funcionarios públicos, es  peligrosa desde el punto de vista institucional por cuanto tanto el Congreso Nacional como las legislaturas locales –amén de resultar éstas incompetentes para ello- pueden verse tentados en legislar muy restrictivamente la responsabilidad civil de los funcionarios públicos, generando, así, espacios de mayor impunidad que los hoy existentes”.

Un aspecto particular que abordó Aguilar Valdez fue el referido a la pesificación de las deudas, concluyó que “se estaría habilitando al Estado a pagar sus deudas en pesos y al cambio oficial, de manera que el propio deudor establecerá el valor de la moneda”.

Para Jorge Mazzinghi, titular de la Comisión de Familia del Colegio, el proyecto estaría anteponiendo el deseo de los padres, es decir la voluntad procreacional, por sobre el derecho de los niños. Esa voluntad procreacional le estaría quitando el derecho del niño a conocer su origen genético. “Esto está en contra de todo lo que se escribió sobre el Derecho a la Identidad en los 80´ y 90´”, sostuvo. Según el especialista, también se estaría lesionando el derecho del niño al gestarlo deliberadamente huérfano.

 Respecto del alquiler de vientres Mazzinghi advirtió que, si bien el proyecto prohíbe una contraprestación, en la mayoría de los casos existirá seguramente un ingreso que recibirá alguien con menor poder adquisitivo a cambio de llevar la maternidad.