El pasado 26 de noviembre fue presentado el Índice de Confianza en la Justicia preparado en forma conjunta la Universidad Torcuato Di Tella y el Fores. Se trata de una evaluación estadística efectuada sobre una base de más de 1000 personas encuestadas en todo el país.

Los resultados de este estudio nos brindan una visión clara de la percepción que tienen los argentinos sobre su sistema de justicia.

Al analizar los datos de los índices publicados a partir del año 2004, no podemos dejar de alarmarnos respecto a que la falta de confianza en la justicia es un problema persistente en nuestro país. Año tras año, los índices han mostrado que la confianza en la justicia es baja, que un porcentaje importante de la población no acudiría a la justicia aun teniendo un conflicto que lo amerite y que la percepción de la corrupción y la ineficiencia es alta.

Es preocupante ver que la confianza en la justicia si bien ha repuntado levemente este último año, no ha mejorado significativamente. Esto nos dice que debemos seguir trabajando para abordar las causas profundas de esta falta de confianza. Debemos estar alertas y ocuparnos para que estos datos no se repitan y ponernos como norte, todos a quienes nos toca de una manera u otra relacionarnos con la justicia, una real transformación del Poder Judicial.

La justicia es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Sin una justicia independiente y eficiente, no podemos esperar que se respeten los derechos de los ciudadanos, ni que se garanticen las condiciones para un desarrollo económico y social sostenible. Las tan deseadas inversiones no vendrán si el sistema institucional flaquea por el lado de la justicia.

Hace ya casi 180 años Juan Bautista Alberdi en su obra "Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina" enseñaba que "la justicia es la base de la libertad y de la seguridad de los ciudadanos". Una justicia independiente y eficiente es fundamental para garantizar la seguridad jurídica que necesitan los inversores y los emprendedores para tomar decisiones informadas.

De la misma forma, un gran estudioso de la democracia en América, Alexis de Tocqueville, allá por 1832, escribía desde Nueva York: "La fuerza de los tribunales ha sido, en todos los tiempos, la más grande garantía que se puede ofrecer a la independencia individual, porque la independencia de los jueces es la mejor garantía de la libertad de los ciudadanos". Entender esto último es básico para solventar un progreso persistente en el tiempo.

Asimismo, en nuestra república, los tribunales no deben ser sólo una garantía de protección y tutela de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, sino que también constituyen un mecanismo de control; control que se realiza, exclusivamente, dentro de los parámetros de la legalidad; y es precisamente en esta faceta de control de los poderes públicos donde la actividad judicial cobra, sin duda, mayor relevancia. Nuestro país aún se encuentra inmaduro en el ejercicio del sistema de pesos y contra pesos que manda nuestra Constitución, tanto que incluso parte de la ciudadanía y de quienes componen los otros poderes del Estado siguen sin comprender que el Poder Judicial es la parte del Gobierno que naturalmente debe resguardar el cumplimiento de la ley. Incluso en ocasiones pareciera que ni siquiera han aprendido  que el Poder Judicial forma parte del Gobierno de nuestra república.

En este sentido, es fundamental que sigamos trabajando juntos para mejorar el sistema de justicia en Argentina. Debemos seguir investigando, analizando y proponiendo soluciones para abordar los problemas que afectan a la justicia en nuestro país. Desde el Fores estamos más que comprometidos en llevar a cabo esa faena.

Es que, siendo la justicia ese valor que guía la conducta y el juicio, que se basa en la verdad y en el bien general y que sirve para resguardar nuestros derechos fundamentales, es nuestra responsabilidad como sociedad trabajar juntos para reclamar que el Poder Judicial la ejerza con ecuanimidad, rapidez, precisión y eficacia, respetando su valor más allá de las circunstancias políticas del momento o los intereses particulares de los justiciables.

Tomando como señal de alarma los resultados de este estudio, esperamos que sirvan como un llamado a la acción para todos los que estamos comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y equitativa.