La Procuración del Tesoro de la Nación adelantó que Argentina recurrirá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo dependiente del Banco Mundial, alegando presuntas irregularidades en el proceso arbitral vinculado con la empresa francesa Vivendi y Aguas del Aconquija.
Dicha compañía, que tuvo a su cargo la concesión del servicio de aguas de Tucumán, obtuvo una sentencia favorable en el año 2007, en la que se ordenó a nuestro país que indemnice a la compañía con la suma de 105 millones de dólares más intereses, alcanzado tal cifra los 170 millones de dólares.
Argentina había solicitado la nulidad de tal sentencia “con fundamento en diversas causales-, planteo que fue desestimado por el Comité de Anulación con la opinión separada del árbitro holandés Jan Hendrik Dalhuisen”, según sostuvo el organismo.
De acuerdo a lo sostenido por la Procuración, existieron “presiones al Comité de Anulación efectuada por el árbitro holandés Jan Hendrik Dalhuisen”, debido a que durante el procedimiento de arbitraje, así como en la etapa posterior de anulación se violaron los principios de imparcialidad y debido proceso que afectaron a Argentina.
En su reclamo contra el CIADI por “resolver arbitrariamente en forma desfavorable a nuestro país”, también la Procuración reclamará por la actuación de la árbitro suiza Gabrielle Kaufmann-Kohler, a quien se cuestiona por haber integrado el directorio del banco suizo UBS, entidad accionista de Vivendi, al momento que había intervenido en la resolución del caso.
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