Las empresas norteamericanas Azurix y Blued Ridge solicitaron a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos que aplique una sanción al Estado argentino ante el incumplimiento de sentencias del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que ascienden a más de 400 millones de dólares.
Los reclamos de las empresas surgieron luego de la crisis del año 2001, basados en que el gobierno argentino había violado el tratado bilateral de protección de inversiones vigentes al no haber cumplido con contratos que se encontraban vigentes.
La empresa Azurix, quien obtuvo una sentencia que obliga al Estado argentino a abonar una cifra que se elevaría a los 210 millones de dólares, reclama la violación del incumplimiento de un contrato sobre agua y cloacas en la provincia de Buenos Aires. Por su parte, Blue Ridge, quien en el año 2007, obtuvo una resolución favorable del Ciadi por 133 millones de dólares, es heredera del juicio que favoreció a la ex gasífera CMS.
Dichas compañías norteamericanas, quienes acumulan más de 400 millones de dólares por sentencia logradas ante el Ciadi que aún no fueron pagadas por la Argentina, solicitaron a la autoridad comercial que nuestro país fuese expulsado del Sistema General de Preferencias (SGP), con el fin de que pierda un beneficio comercial que le permite ahorrar más de 40 millones de dólares anuales en aranceles a productores argentinos que introducen bienes en el mercado norteamericano.
Desde el Gobierno, alegan la existencia de “circunstancias excepcionales” que imposibilitan que el país pueda cumplir con las sentencias, ante lo cual la autoridad comercial de Estado Unidos manifestó una serie de dudas e interrogantes sobre los argumentos de ambas partes.
Ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, según sus cifras en inglés), donde las empresas acreedores buscan que Argentina pierda beneficios arancelarios, el tribunal comercial que debe evaluar el castigo solicitado le preguntó a los funcionarios argentinos cómo podían demostrar que el Gobierno actuaba de buena fe, a la vez que les solicitaron explicaciones sobre a que se referían cuando alegaban la existencia de “circunstancias excepcionales” para no cumplir el fallo.
Cabe recordar que si bien luego de la crisis del año 2001, Argentina logró desactivar el 68% de las demandas a través de la suspensión de varios litigios de parte de empresas, según datos oficiales, aún quedan más de 20 procesos pendientes ante tribunales internacionales.
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