Las próximas semanas serán clave para las aspiraciones del equipo económico de dar vuelta definitivamente la página del default de la deuda. El ministro Amado Boudou trabaja en tandem con los abogados de la Argentina en Nueva York (el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton) para terminar en los próximos 15 días lo que será la presentación de la Argentina en el juzgado del Thomas Griesa en Manhattan, con la cual buscará forzar de la justicia estadounidense un pronunciamiento a favor del país.

El argumento que exploran los abogados de la Argentina pasa por demostrar que el país tuvo buena fe en las negociaciones con los acreedores. Prueba de ello —ensayan en el Palacio de Hacienda— es el 92% de adhesión que se logró entre el canje de 2005 y el finalizado el mes pasado. Si Griesa finalmente avala esta hipótesis, el paso siguiente sería frenar los embargos y llevar la negociación con los fondos buitres al terreno de los estrados judiciales.

Una de las posibilidades que baraja el Gobierno es realizar una suerte de depósito judicial. Es decir, una vez identificados los fondos buitres, llevar adelante mediante esta vía jurídica una nueva oferta, con los bonos que se le entregaron al resto de los acreedores. La propuesta en sí podría ser igual a la que estuvo vigente hasta ahora o inclusive algo peor, retirando algunos incentivos (cupón PIB, pago de intereses caídos, etc).

En el Gobierno descartaron otras propuestas basadas en la experiencia internacional de diversos países. Por ejemplo, el caso de Perú, en que en el 2000 finalmente acordó el pago de la deuda en default en efectivo, precisamente a uno de los fondos buitres que ahora asedia a la Argentina: Elliot.

Está previsto que la presentación de la Argentina en el juzgado de Griesa se realice los primeros días de agosto por dos razones. Primero, el magistrado ahora está de vacaciones. Y segundo, en el equipo económico quieren terminar la entrega de todos los bonos y otros trámites formales pendientes antes de dirigirse a Griesa.

Boudou junto a los abogados de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton intentarán demostrar que el grueso de los que no ingresaron a ambos canjes son los citados fondos buitres, y por lo tanto el terreno en que deben ser disuadidos estos inversores de entrar a la operación es en los tribunales de Nueva York.

Según los números del equipo económico, estos fondos hoy tiene alrededor de u$s 4.500 millones, lo que representa 75% de los u$s 6.000 millones que quedaron afuera de la restructuración. Del resto, (u$s 1.500 millones) el grueso son títulos extraviados o perdidos.

En paralelo, se sigue monitoreando de cerca el mercado para intentar salir en algún momento del segundo semestre a marcar precio en las plazas internacionales. El bono a emitir, el Global 2017, tiene una ventaja adicional para el Gobierno: por las características de este título permitirá aumentar la ponderación de la Argentina en el índice EMBI (siglas que en el inglés significan Emerging Market Bond Index) que elabora el banco de inversión J.P. Morgan, sumando a otros dos bonos de la Argentina que hoy están dentro de este indicador. Se trata del Discount y el Par, ambos en dólares.

Sucede que muchos fondos de inversión a la hora de elegir dónde poner el dinero replican sin más la ponderación del EMBI, por lo que emitir bonos que sean elegibles para entrar en este índice asegura una demanda de base para los papeles argentinos. De todas formas, salir a emitir un bono es una posibilidad vedada para el Gobierno por las tasas que le pedirían los inversores.

Una eventual colocación actualmente no se podría realizar a menos del 12,5%, cifra que aun está lejos del objetivo oficial de emitir a un dígito. La apuesta es que si la crisis en Europa amaina y los mercados se van a acomodando a un escenario con menos presión de los acreedores y mayor holgura en las cuentas del Gobierno (la recaudación lleva dos meses consecutivos en recuperación), las tasas comiencen lentamente a acomodarse cerca del dígito.
 

Fuente: Cronista.com