De poco sirvió la jugada del Gobierno de enviar al ministro de Economía, Amado Boudou, al Senado para intentar contener la ofensiva de la oposición por elevar la jubilación mínima al 82% del salario mínimo, vital y móvil. Apenas minutos después de que el funcionario terminó de exponer los argumentos de la administración kirchnerista en contra de la iniciativa, la oposición impuso su mayoría en la comisión de Presupuesto de la cámara alta y emitió dictamen favorable sobre el proyecto, que de esa forma quedó habilitado para ser tratado en el recinto del cuerpo a partir de la próxima semana. Al respecto voceros de los bloques anti-K confirmaron anoche el objetivo de que la iniciativa se debata en la sesión del 28 de julio o a más tardar el 4 de agosto, situación que acorta los plazos del oficialismo para intentar alguna salida alternativa que evite a la presidenta Cristina Fernández el costo político de tener que vetar la suba a jubilados.

El paso dado ayer por la oposición en la comisión de Presupuesto del Senado es clave para las posibilidades de que el proyecto sea aprobado, ya que en caso de obtener la media sanción del Senado, donde el oficialismo apuesta a detener su marcha, se anticipa un trámite más expeditivo en Diputados. Justamente en la cámara baja se discute una iniciativa alternativa de contenido más integral que, además de elevar el haber mínimo al 82% del salario mínimo, plantea ajustar el resto de las jubilaciones en línea con el fallo de Corte Suprema de Justicia en el denominado caso “Badaro”, aunque ese proyecto solo logró dictamen de la comisión de Previsión y resta la definición de Presupuesto y Hacienda.

La firma del dictamen en el Senado, que sumó la adhesión de los legisladores de la UCR, el socialismo, la Coalición Cívica y el Peronismo Federal tuvo lugar poco después de la exposición que Boudou y el director de la ANSeS, Diego Bossio, realizaron ante la comisión de Presupuesto de la cámara alta en defensa del rechazo oficial a la iniciativa opositora. Un clima de tensión y fuertes cruces enmarcaron el informe de los funcionarios, especialmente cuando Boudou se dirigió al senador radical Ernesto Sanz, a quien le achacó que a la UCR “le cuesta administrar porque no saben escuchar” y le reclamó que presente “una propuesta de dónde sacarán los recursos para financiar el 82% móvil”. “Que digan si lo quieren hacer bajando la asignación universal por hijo, la educación o la salud”, pidió el ministro, tras lo cual indicó que si se efectivizará el conjunto de propuestas de la oposición “se generaría un déficit crónico de $ 80 mil millones de pesos, 8 puntos del PBI”, situación que –según advirtió– “llevará al país a las condiciones macroeconómicas de los ‘80”.

Los argumentos de Boudou fueron rechazados por Sanz y su par de bancada, Gerardo Morales, quien acusó al Gobierno de utilizar “la ‘Cajita Feliz’ de la ANSeS para hacer frente a erogaciones del Tesoro”. “Llevar la mínima a $ 1.230 es una decisión política”, insistió Morales.
 

Fuente: Cronista.com