Luego de que el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (Ciadi), perteneciente al Banco Mundial, rechazara anular una sentencia de 2007 favorable a la compañía europea, dictada en el marco del litigio por la rescisión del contrato de servicios de agua y cloacas en San Miguel de Tucumán en 1997, el grupo francés Vivendi solicitó a la Argentina que cumpla la sentencia dictada.
Anteayer, el tribunal arbitral del Banco Mundial, resolvió rechazar el pedido argentino de anulación de su sentencia del 20 de agosto de 2007, la cual había sido favorable a Vivendi, ratificando la resolución que condenaba a nuestro país a pagar 105 millones de dólares por daño y perjuicios, más intereses y costas, a raíz de la rescisión de concesión a Aguas del Aconquija, subsidiaria de Vivendi.
Tras haber quedado firme dicho laudo, Vivendi señaló en un comunicado que “espera ahora que, tras 13 años de contencioso, la República Argentina aplique la sentencia y lo indemnice”, destacando que “después de 13 años de proceso, la Argentina deberá pagar ahora unos 200 millones de dólares”.
En el comunicado, la empresa señala que “la sentencia de 2007 establecía que las autoridades de Tucumán habían vulnerado los derechos de Vivendi y de su filial argentina, Aguas del Aconquija, y que esas decisiones violaban las disposiciones del tratado franco – argentino sobre protección de los inversores extranjeros”.
El conflicto con la empresa francesa había comenzado en el año 1996 durante la gobernación de Antonio Domingo Bussi, cuando la empresa decidió retirarse acusando a las autoridades locales de haber cambiado los términos iniciales del acuerdo, habiendo tenido lugar la rescisión del contrato luego de que Aguas del Aconquija aplicó un sensible aumento en las tarifas del servicio, después que los usuarios recibieran durante 20 días agua color ocre en sus hogares.
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