En el origen de las actividades comerciales primaba la actividad agraria, sustento de los individuos que históricamente buscan la manera de aprovechar los recursos que nos brinda la naturaleza. El hecho de que la naturaleza brinde los medios con los cuales la humanidad, a través de su trabajo, aporta calidad de vida para mejorar su entorno, conlleva a que necesariamente sea visto como un negocio, dejando un valor agregado con la obtención del fruto del suelo.

Este tipo de relaciones se desarrollan en la actividad agrícola primaria, y son denominadas ‘agronegocios’ (en inglés agribusiness), actividades económicas derivadas de los productos y tecnologías que se obtienen del trabajo del suelo, las cuales pueden ir, por ejemplo, desde la producción de commodities al procesamiento, transformación, transporte y hasta la distribución posterior de dichos productos.

Esta actividad emplea al mayor número de personas en el mundo y es la fuente principal de alimentos e ingresos para muchas personas que viven en situación de pobreza. El Banco Mundial calcula que los agronegocios pueden llegar a reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria del 80% de la población pobre en todo el mundo, quienes viven principalmente en las zonas rurales y se dedican principalmente a labores agrícolas. Huelga decir que con más razón esto se da en países considerados como “economías emergentes”.

En cuanto a la realidad paraguaya, según la revisión del crecimiento del PIB elaborada por el Banco Central del Paraguay en diciembre de 2023, éste se mantuvo en 4,5% debido principalmente a las incidencias positivas de la agricultura.

Ahora bien, dentro de la relevancia de dicha actividad, afecta considerablemente la informalidad que existe respecto a las relaciones que mantienen las partes. Con “informalidad”, hablamos de producción de bienes y servicios, legales o ilegales, que no son contabilizadas en las estimaciones oficiales del Producto Interno Bruto.

Y para tener en cuenta, en el Paraguay, la economía informal equivale al 45,9% del PIB, según un informe de PRO Desarrollo Paraguay. Esto nos lleva a pensar, ¿qué pasaría si existiera un verdadero interés en atacar esta informalidad?

La especulación que sigue a esta afirmación es que dentro del agronegocio los números son — por lo menos — similares a los del PIB país, es decir un 45% de actividad no declarada que de formalizarse podría implicar una verdadera revolución en cuanto a la reinversión en tecnologías, inversión en capital humano e innovación y desarrollo de industrias locales que hoy cuentan con el músculo para entrar en el mundo de las grandes empresas dedicadas a soluciones agrícolas en todos sus niveles.

Un ineficaz paquete legislativo, sumado a disposiciones contractuales confusas en los contratos agrícolas celebrados entre las partes, o bien la ausencia total de contratos formales, derivan en consecuencias bastante negativas para las partes.

Las intenciones de las partes deben estar plasmadas principalmente en un contrato. Sin embargo, la particularidad de este tipo de contratos de producción agrícola es que suelen generarse en un contexto informal, caracterizado por la comunicación no verbal e historial de conexiones, entre otras circunstancias (UNIDROIT/FAO/FIDA, 2017).

Este hecho ha sido recogido muy acertadamente por la Guía de Agricultura por Contrato, un notable trabajo encabezado por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Estos organismos se han ocupado de reunir a juristas de renombre internacional en el derecho contractual, quienes junto a organizaciones multilaterales asociadas y representantes de los productores agrícolas y del sector agroindustrial, conscientes de la importancia de mejorar los conocimientos y la sensibilización sobre el régimen jurídico aplicable a este tipo de operaciones, es que han publicado esta guía.

Es evidente que esta realidad – la de la informalidad – no escapa a ningún país que active en este segmento de la economía. Mucho menos aquellos que la tienen como uno de sus motores principales.

Algunos de los síntomas claros de la informalidad van desde la desprotección de los trabajadores agrícolas por algunos aspectos de la legislación laboral en el ámbito nacional, hasta las situaciones de intimidación o de influencia indebida durante las negociaciones, o situaciones de excesivo desequilibrio, las que podrían ser causal de nulidad en varias jurisdicciones.

El trabajo realizado por UNIDROIT, FAO y FIDA desarrolla ampliamente las etapas conceptuales de la relación jurídica de los contratos agrícolas, que pueden ir desde el marco jurídico del mismo, hasta los mecanismos de solución de controversias, pasando incluso por la identificación de las obligaciones y qué tipo de consecuencias puede traer el incumplimiento para cada una de las partes.

El punto central de la discusión tiene lugar en la dificultad de definir los mecanismos de solución de controversias. Esto es tal, ya que, al enfrentarnos a contratos tan ambiguos, o bien en mucho de los casos, acuerdos verbales, las partes podrán encontrarse ante una situación de incertidumbre respecto a quién recurrir, o qué derecho es aplicable al contrato.

Cuando alguna de las conductas de las partes motive una disputa, se debe buscar una resolución efectiva que pueda satisfacer el interés de ambas partes en la mayor medida posible.

Mientras que las partes pueden resolver sus disputas en las cortes del poder judicial de un Estado, los métodos de resolución alternativos a la justicia (“no-judiciales”) presentan mayores beneficios debido a las regulaciones específicas establecidas en los contratos en el sector del agribusiness y los usos y costumbres.

Establecer un procedimiento para resolver las controversias, determinar quiénes tomarán la decisión para resolver los conflictos e indicar en base a cuál razonamiento se decidirá la controversia, será importante para las partes. Al celebrar un contrato de producción agrícola, las partes deberán tener en cuenta que pueden producirse desacuerdos que, en ocasiones, no podrán resolver por su cuenta.

Todas estas consecuencias pueden ser resultado de la falta de una asesoría preventiva en la materia, donde no se tiene en cuenta qué cuestiones prever al momento de la negociación de estos contratos y que pueden ir hasta no encontrar alternativas ante eventuales incumplimientos de alguna de las partes, y que incluso puedan derivar en una causa de rescisión del contrato.

La informalidad puede tener efectos directos sobre los índices económicos de un país, tal como se ve evidenciado en los informes citados. No obstante, se puede afirmar con total seguridad de que un buen asesoramiento oportuno puede resistir los efectos negativos que surgen como consecuencia de este fenómeno.

Ahora bien, nos surgen dos interrogantes: ¿Desde qué nivel atacar la informalidad? O ya bajando a tierra: ¿Cuáles serían las alternativas en materia contractual para paliar estos efectos? Sin lugar a dudas, estas cuestiones nos darán mucha tela para cortar en trabajos posteriores.