1. Preliminar.

Resulta indiscutible que la inflación (de por sí crónica en nuestro país), genera gran variedad de preocupaciones, problemas e interrogantes jurídicos sobre la suerte de los contratos de naturaleza conmutativa que integran la dinámica transaccional de la vida económica y social del país como del devenir de los derechos y obligaciones que las partes contratantes asumen.

Tal macro-disfuncionalidad que viene arraigándose en el seno de la sociedad,  impacta en los contratos de cumplimiento normal como también en aquellos de cumplimiento irregular y, a su vez, abarca tanto a los contratos del sector privado como del sector público.

Esta cronicidad inflacionaria que data formalmente desde el 1º de enero de 1970 (cinco décadas de persistencia),[1] ha provocado que se recurra como solución general a los problemas derivables del deterioro del valor del signo monetario nacional, a la  aplicación de diversas y famosas cláusula de estabilización o indexación o ajuste monetario, las que han funcionado y funcionan como multiplicadoras de la inflación, sin solucionar el núcleo de los contratos como es su ecuación económica financiera, conforme fuera oportunamente determinada por los contratantes.[2]

El predominio de la inflación durante los últimos 50 años de la vida social y económica de la sociedad y sus recurrentes crisis, demuestra la incomprensión sobre  que es la inflación y sus causas; consecuentemente revela la incapacidad de los gobiernos de turno en aportar soluciones efectivas, limitándose a recurrir a fórmulas cuantitativas aparentes por su abstracción.[3]

Deviene imprescindible abordar los problemas y soluciones de la vida nacional, desde una visión cualitativa y no meramente cuantitativa, puesto que los números no gobiernan los acontecimientos, sino que colaboran a razonar, evaluar y tomar las decisiones con la mayor eficacia y eficiencia.

2. Problemática de la inflación.

Existen diversas teorías sobre la inflación y sus causas, siendo una de las más divulgadas y la que prevalece mayoritariamente, la corriente que sostiene que la emisión monetaria es la causa de la inflación. Al respecto, procede preguntarse que si ello fuera cierto, su solución sería relativamente fácil, ya que solo bastaría con limitar la emisión de dinero.

En mi humilde opinión, tal solución es muy simplista, ya que la realidad acredita que no ha servido como instrumento de control y saneamiento de los procesos inflacionarios. El facilismo explicativo resulta contraproducente para entender y contrarrestar los fenómenos que enturbian los procesos macroeconómicos de un país.

El impacto de la inflación en la vida social es de tal magnitud, que no puede obedecer a una única causa; sino que una multiplicidad causal comprometida que explican la inflación.

La inflación no es la simple diferencia cuantitativa entre la oferta y demanda de dinero en el seno de una sociedad, sino que representa una sintomatología acerca de las dificultades e insatisfacciones por los que atraviesa el sistema económico, en su rol de organización de la economía que toda sociedad debe procurar cimentar eficientemente, para la gestión y administración de los recursos de los que dispone, de modo de satisfacer sus necesidades a través de la  distribución satisfactoria de tales recursos.

En esta línea de pensamiento, en realidad no debe verse como un flagelo, sino simplemente una luz de alerta de la disfunción del aparato económico productivo del país y de la insuficiencia de recursos suficientes para financiar los gastos funcionales.

Conviene recordar los postulados de la denominada “teoría estructuralista de la inflación”, la que no reposa en políticas monetarias laxas, que interfieren en la oferta global y en la demanda global de bienes y servicios, sino que las causas de la inflación están ligadas a las disfunciones y transformaciones de los procesos de desarrollo que generan desproporcionalidades sectoriales y disfunciones productivas que conducen a cambios de los precios relativos de los bienes y servicios transables por fricciones derivadas de una pugna colectiva por la distribución del ingreso.

A mayor abundamiento, es preciso señalar que la inflación estructural se asienta en la funcionalidad de las instituciones y de la debida competencia en los mercados.[4] En este sentido, me atrevo a señalar que ambos aspectos no son muy respetados en nuestra sociedad.

El dinero juega un papel eminentemente pasivo, ya que la emisión monetaria deriva de las disfunciones y transformaciones descriptas más arriba, con el solo efecto de inyectar dinero a la sociedad, por insuficiencia de generación auténtica de dinero a raíz de las causales comentadas. Por ello resulta inexplicable, que la autoridad monetaria emita dinero y acto seguido absorba el dinero emitido, incurriendo en un círculo vicioso que solo se retroalimenta.

La inflación no es causa de la concepción descripta precedentemente, sino su efecto o consecuencia. La inflación no explica lo que sucede, sino que advierte lo que está ocurriendo, con relación al funcionamiento de la estructura económica y productiva.  

Tener presente que la relación entre causa y efecto o consecuencia, integra el concepto de causalidad y que las nociones de causa y efecto, configuran una de las más primordiales en la manera de pensar, lo que sirve para entender la realidad que nos circunda.

La Argentina está cerrando el año 2022 presentando una inflación que puede lindar el 100%, lo que torna técnicamente ridículo, las previsiones del Presupuesto 2023 aprobado días atrás por el Senado de la Nación y convertido en ley, el cual presenta como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi $29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60% y el destino del 70% de sus recursos a rubros sociales, sin respaldo técnico ni seriamente fundado.

A su vez, la proyección económica que trasluce es la apreciación de un análisis muy simplista sobre la situación socio económica del país, puesto que no tiene impacto idóneo para revertir la deficiente situación estructural actual y menos, para iniciar una senda de desarrollo tendiente a mejorar los ingresos de la ciudadanía, a fin de posibilitar la cobertura de las necesidades básicas de más de la mitad de la población.

La realidad económica de la actualidad, que viene arrastrándose declinantemente desde hace décadas, vuelve a indicar que continúan existiendo presiones crecientes por el lado de la demanda (mayores consumos, aumentos de salarios y ayudas sociales), las cuales se contraponen con paulatinas restricciones del lado de la oferta (insuficiencia de inversiones, limitaciones productivas de bienes y servicios y deficiencias de infraestructura). Todo ello dentro de un contexto de gasto público desmesurado e ineficiente con su cara gemela la desmesurada expansión monetaria. Estas circunstancias son demostrativas de una situación estructural crujiente en sus deficiencias y que se viene manifestando y verificando a través de un constante y solapado incremento de la inflación.

La historia vuelve a repetirse, signando desfavorablemente -una vez más- el desarrollo y el progreso social de la sociedad, desafiando a los académicos de la economía y a la toma de conciencia necesaria para desentrañar esta curiosa reincidencia política, económica y social.

Al esclarecimiento de ello, ha conspirado en reiteradas ocasiones, un marco de intentos de manipuleo de la información para disfrazar el proceso comentado, que deriva en la falta de datos verdaderos de comparación que puedan ser utilizados por funcionarios públicos y agentes económicos y, consecuentemente, en la agonía de la credibilidad social, resintiéndose así el principal factor funcional de la economía, que anida en la psicología de las expectativas y perspectivas.[5]

El deterioro del valor de su moneda, es la prueba cabal que patentiza esa sensación, lo que explica la huida persistente hacia otra moneda como reserva de valor y aptitud de ahorro. A ello hay que agregarle las ramificaciones que el fenómeno monetario tiene en todas las actividades económicas, comerciales, sociales, laborales, familiares e individuales, cuando se administra la política monetaria de manera ilegal, improvisada y/o imperita.[6]

Téngase presente que la historia de la moneda nacional de los últimos 50 años, configura la prueba más categórica y contundente de ineficiente administración de los recursos públicos como privados y una seria incompetencia de las autoridades de turno para afrontar y desactivar la inflación. Las disfunciones  macroeconómicas acaecidas en ese período, superan fácilmente los 100 casos que acumulativamente las acreditan, sin margen de duda alguna.

Gracias a la desacertada gestión y administración de los recursos públicos, la moneda del país ha sido devastada y la ciudadanía ha sido privada de ella, afectando seriamente el ahorro, el crédito y la inversión.

Es necesario comprender que, al igual que el termómetro que advierte sobre la fiebre de una persona humana, la inflación es un “timbre de alerta” colectivo, que viene anunciando sobre el mal funcionamiento de la economía de un país.

La fiebre, si sobrepasa ciertos guarismos (más de 37º de temperatura), determina la necesidad de recurrir al médico para que se informe e indague sobre las causas que la motivan, diagnostique sobre cuál es la enfermedad acaecida que genera el estado febril  y, seguidamente, formule el tratamiento farmacológico o quirúrgico necesario para enfrentar la enfermedad y poder sanear a la persona enferma. Este proceso de cura, requiere que los tres pasos sean sincronizados y compatibles entre sí; de lo contrario, la cura no será factible.

Algo similar sucede con la inflación, ya que si traspasa determinados límites aceptados técnicamente (10%-12% anual), también determina que deba convocarse al gabinete de ministros y a los asesores técnicos del gobierno de turno, para que exploren las variables de la economía que no funcionan adecuadamente, diagnostiquen sobre cuáles son las disfunciones detectadas y, seguidamente, formulen las medidas correctivas como los incentivos necesarios para revertir la situación y lograr la recuperación de la salud de la economía a la par de demostrar que la política antiinflacionaria no va a ser abandonada en el futuro inmediato, cimentando su credibilidad.

En uno y otro caso (enfermedad o inflación), el proceso de recuperación requiere la toma de decisiones que no son agradables ni de fácil ejecución y que tienen un costo natural o imprevisto a soportar.

La diferencia radica en que, si estamos ante de la salud de una persona y el tratamiento sugerido por el médico se cumplimenta adecuadamente, la recuperación resulta positiva. Por el contrario, si el paciente es la economía del país y las medidas que corresponderían adoptar para revertir las causas de la inflación diagnosticadas, no se adoptan o se implementan errónea y/o parcialmente y/o en forma aislada, por entenderse que no gozarían de la simpatía de la población, generándose el temor de pérdida de respaldo popular que las mismas puedan acarrear, los remedios adecuados son sustituidos por placebos administrativos, declamaciones voluntaristas y atribuciones de culpas que siempre se consideran ajenas a los gobernantes de turno.

Al igual que la fiebre, bienvenida sea la inflación, porque en ambos casos, anuncian con anticipación, que es necesario e inevitable “curar” las dolencias orgánicas y funcionales que las causan, tanto en la salud personal como en la economía nacional.

Entre en escena así, la discusión acerca de las causas de la inflación, entre las corrientes monetaristas y las estructuralistas. Para los defensores del monetarismo, la inflación obedece a un fenómeno puramente monetario, representado por un exceso de oferta monetaria (emisión de dinero). Para los estructuralistas, la inflación es un fenómeno más complejo, siendo el resultado de desequilibrios e insuficiencias de carácter real que se manifiestan como consecuencia del ineficiente funcionamiento del sistema económico, que obstaculizan la fluidez y sincronización en las cadenas de producción y distribución de bienes y servicios.

La corriente estructuralista, entiende que la emisión monetaria cumple un rol relevante, pero no es gravitante como causal de la inflación. No se desconoce la incidencia monetaria, pero no se le asigna la calidad de causa, sino que es una consecuencia o derivación de la disfunción del sistema económico. La inyección monetaria es una herramienta para paliar las deficiencias estructurales de la economía del país; constituye un simple medio, pero de ninguna manera un fin en sí mismo. Si la inflación obedeciera a una causal monetaria, fácil sería su control, ya que solo bastaría con no emitir dinero.

Si la emisión monetaria es canalizada por la sociedad hacia el ahorro y no al consumo de bienes y servicios, no hay traslado a los precios. Por el contrario, si es derivada al consumo, se incrementan los precios. La inyección de dinero en el mercado sin el correlativo aumento de la producción, provoca que el dinero disminuya su valor y que los productos incrementen su precio.

Es por ello, que la inflación resulta más sensible en los países subdesarrollados que en los desarrollados, debido a que las presiones de la demanda de bienes y servicios, deviene superior a la oferta de los mismos. La riqueza no se genera emitiendo dinero.

La emisión monetaria sin el correlato del equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios producidos por la economía, solo puede perseguir financiar el gasto público desbordado, con grave perjuicio para la sociedad, debido a que el mayor circulante, tiene efecto directo en la depreciación del valor de la moneda nacional, pasando cada individuo a tener menos patrimonio y poder de compra.

El país es testigo que la emisión irregular de dinero no genera riqueza; solo responde a necesidades de financiación del gasto público, derivado de la ineficiente administración de las autoridades públicas de turno y la inexistencia de planes de estabilización y desarrollo de la economía.

La emisión monetaria ineficiente (ausencia de respaldo), denota indiferencia por el valor de la moneda nacional, que va depreciándose paulatinamente. Consecuentemente, al restarse relevancia al valor de la moneda en su poder adquisitivo, se desdibuja una inexorable “precondición” para promover y consolidar el ahorro, el crédito y la inversión como también para cimentar la estabilidad de la economía, los precios y el empleo.

Desde esta óptica, la estabilidad económica y financiera no debe interpretarse como un fin en sí mismo, sino que constituye un medio imprescindible para el desarrollo económico y social del conjunto del país.

La inflación baja y controlada permite el crecimiento sostenido, precisamente por asegurarse la estabilidad monetaria, financiera y cambiaria. Pero sin un adecuado y eficiente control de la inflación, subestimándose sus índices, los esfuerzos para impulsar la producción y el empleo se diluyen en el tiempo, incrementando la pobreza.

Sin embargo, la realidad nacional indica que la inflación tiene bastantes simpatizantes, principalmente en el sector público, puesto que toda economía inflacionaria conduce a la licuación de los pasivos estatales (proveedores, acreedores, salarios jubilaciones, pensiones y planes sociales asistenciales) a la par de la obtención de ingresos proveniente del derecho de emitir dinero para el emisor monopolístico (bancos centrales).

La historia nacional demuestra que la inflación disfraza las malas e ineficientes gestiones en la administración de los recursos. En los últimos 120 años, el déficit fiscal ha prevalecido durante 110 años; solo pueden registrarse 10 años de superávit fiscal. Y ello agravado por una inexplicable indiferencia social

El valor económico de los bienes transables depende del valor que le asigne la dinámica de los mercados, los cuales, a su vez, se encuentran condicionados por el comportamiento de las autoridades e instituciones de gobierno del país, en cuanto a sus responsabilidades en la administración de los recursos del Estado.

La correcta y eficiente gestión pública, tranquiliza a los mercados y ello coadyuva a que la inflación tienda a estabilizarse o no insinuarse de modo preocupante. Lo contrario, sensibiliza a los mercados y ello facilita que la inflación, no solo comience a tornarse realmente preocupante sino que continúe potenciándose.

Culpar a los mercados y a las concentraciones económicas del fenómeno inflacionario, es no entender la economía ni la política. Las “fallas de los mercados” configuran fenómenos microeconómicos, para las cuales están previstas las leyes de defensa del mercado, de la competencia y del consumidor, todas ellas de raigambre constitucional más la respectiva supervisión funcional; incluso, tales fallas pueden ser corregidas por los propios mercados. Por el contrario, más graves son “las fallas del Estado”, que no se ajustan a las leyes carecen de supervisión como de responsabilidades a lo que debe sumarse que nuestra realidad demuestra que son de difícil o imposible corrección.

La inflación es un fenómeno macroeconómico, de raigambre estructural donde la aptitud y la responsabilidad de gestión y administración del gobierno es determinante para su contralor y corrección.

Nuestro país adolece de serias falencias en el conjunto de su estructura económica, producto acumulativo de diversas falencias en sus subestructuras, como ser:

• En la productiva, como creadora de bienes y servicios, si su oferta no aumenta.
• En la financiera, como facilitadora de accesos al financiamiento productivo, si el acceso al crédito resulta dificultoso o si no existen alternativas de financiación.
• En la exportadora, como generadora de puentes y relaciones con el resto del mundo, si la balanza comercial resulta deficitaria por las importaciones.
• En la tecnológica, como suministradora de las innovaciones aceleradas de equipos y programas, ante la existencia de trabas para la incorporación de tales servicios.
• En la educativa, como aportadora de recursos humanos con satisfactorios niveles de preparación, entrenamiento y actualización de conocimientos, si las políticas en la materia desalientan la meritocracia.
• En la gestión pública, como administración eficiente de los recursos públicos, si existe inclinación e indiferencia por el incremento del déficit público.
• En la institucional, sustentadora de la calidad de funcionamiento de las instituciones republicanas, del estado de derecho y de la sinergia de las relaciones de grupos y clases sociales, si los marcos legales no son respetados.[7]

La experiencia indica que cuando la inflación se ha desatado, las soluciones coyunturales y facilistas que se implementan (índices o cláusulas de ajuste, control de precios, cepos cambiarios, etc.), son meras creaciones burocráticas que no arrojan ningún resultado positivo. Todo lo contrario, consolidan y realimentan el fenómeno inflacionario.[8]

Por ejemplo, los índices que se elaboran por los organismos técnicos para reajustar las deudas de dinero, contienen en sí una paradoja: los dos factores que intervienen en el índice, precio y moneda, son factores variables; y mal puede hablarse de un aumento del precio de las cosas cuando la moneda con la que se lo representa no es constante; se trata, según la feliz expresión de BOSCH, de medir “algo” con un metro elástico.[9]

En realidad, la inflación no se combate con regulaciones sino con gestión pública eficiente y propuestas serias de solución de los problemas cotidianos, factores que pueden hacer renacer la confianza social.

Las transacciones económicas y financieras, tanto en el sector privado como en el público y en el orden nacional como internacional, necesariamente requieren contar con una moneda confiable y estable, para darle fluidez a los negocios y los servicios que hacen a la vida social, generando un circuito virtuoso de la actividad del conjunto de la ciudadanía.

En el dinámico y globalizado mundo económico, financiero y comercial actual, la confiabilidad monetaria constituye una política de estado de todo país serio, en virtud de que el dinero carece de valor intrínseco (tinta y papel) y solo tiene el valor nominal que la autoridad le asigna, que es de significativa naturaleza fiduciaria. Por ello, el factor psicológico, es relevante en virtud de configurar el motivo por el que la moneda de un país sea aceptada (intercambio) y/o atesorada (ahorro e inversión).

De modo tal, que esa confiabilidad, solo es viable conforme sea el respaldo que tenga esa moneda. De allí la pregunta: ¿cuál es la base de sustentación de ese respaldo psicológico? En mi opinión, hay cinco factores relevantes:

• Reservas internacionales en acumulación y administradas eficientemente.
• Respeto de las instituciones consagradas por las leyes de organización del país.
• Fortaleza de sus estructuras productivas y su integración nacional como internacional.
• Funcionamiento transparente de los mercados y adecuada supervisión de los mismos.
• Calidad de la gestión y administración de la cosa pública, por parte de los gobiernos.

Fácil resulta deducir que, si alguna de estas variables no funciona, el valor de la moneda y su grado de confiabilidad entran en crisis, con macro efectos inevitablemente perniciosos para el conjunto de la sociedad. Más grave aún, si esos cinco factores funcionan enfrentados entre sí o separada y aisladamente o no funcionan adecuadamente de manera sincronizada.

Es vital recordar y aprehender que la estabilidad monetaria y financiera a la que debe aspirar todo país, permite:

• Alentar las posibilidades de proyectarse al futuro y decidir inversiones y emprendimientos, privados como públicos.
• Sincronizar los flujos entre acreencias y pasivos, evitando las especulaciones circunstanciales en los compromisos y relaciones contraídos.
• Aportar mayor seguridad y previsibilidad a las transacciones en los mercados y en la vida social.
• Profesionalizar la administración de los recursos, para evitar, tanto la descapitalización de los activos como la iliquidez operativa de los agentes económicos.
• Mejorar las expectativas del ahorro, el crédito y la inversión, bajando las tasas de interés, alargando los plazos y ampliando las alternativas de financiamiento para satisfacer las necesidades del sistema económico.

En función de lo explicitado, resulta indiscutido que la inflación por encima de los parámetros normalmente aceptados a nivel de los académicos económicos, demuestra indubitablemente que la salud de la economía de un país, se encuentra deteriorada y funcionando en un círculo vicioso continuo, generando en la macroeconomía un laberinto dinámico de desorden productivo, financiero, cambiario, presupuestario y político, lo que, a su vez, se traslada a la sociedad en sus relaciones microeconómicas, cundiendo en el conjunto, la desilusión, la pérdida de confianza y la credibilidad en el futuro.

Por último procede señalar que el Derecho es un condicionante de la actividad económica pública como privada y su acatamiento permite que cumpla su rol de mitigador de riesgos macro y micro económicos. Los funcionarios públicos jerárquicos deben ajustar sus decisiones a la ley y no adecuar la ley a sus decisiones. Los funcionarios públicos jerárquicos son servidores  del público y no usuarios de ese público.[10] Las decisiones políticas son justiciables y no ajenas a los marcos jurídicos imperantes.

Corolario:

Contestes con lo expuesto, es evidente que la inflación desmesurada destruye el concepto de conmutatividad de los contratos, al resentir la ecuación económica-financiera del negocio celebrado, desnaturalizar la onerosidad considerada por las partes al momento de celebrarse los respectivos acuerdos y colocar a los contratos conmutativos en el umbral del incumplimiento transaccional.

Recordar que los contratos conmutativos son aquellos en los cuales el intercambio de prestaciones, se precisan y se aceptan en el mismo momento de perfeccionarse el acuerdo de voluntades, de modo tal, que cada contratante conoce ante de la consumación del negocio cuales son las prestaciones que asumen cada uno y los alcances de las mismas. En otras palabras, los contratos conmutativos dejan determinada la relación existente, en todo lo atinente a derechos y obligaciones, distribución y mitigación de riesgos, ganancias y costos, beneficios y sacrificios que cada parte asume.

Ello es así, debido a que los contratos conmutativos se caracterizan porque en el momento en que se celebra el acuerdo, las partes se encuentran en la posibilidad de valorar, medir la relación de ventajas y pérdidas que van a generar dichos contratos; es decir, las partes podrán establecer la medida del intercambio, la relación de reciprocidad y la medida del equilibrio del contrato que están celebrando.

Sin perjuicio de este matiz tipificante, es preciso tener presente que en estos contratos siempre hay un rango de fluctuación normal que disminuye o aumenta las ventajas o pérdidas en el contrato, que se denomina alea natural, pero que debe entenderse como el riesgo que todo contratante asume al celebrar un negocio jurídico, paro tales fluctuaciones no desnaturalizan la esencia de los contratos conmutativos.

En art. 968 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), establece claramente que los contratos a título oneroso son conmutativos cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas, porque no dependen de un acontecimiento incierto; pero si dependieren de ello, el contrato califica como aleatorio, puesto que la contingencia de posible ganancia o pérdida no es segura o resulta desconocida.

En función de lo expuesto, en procesos inflacionarios como los que padece nuestro país, nos conlleva a que los contratos que se celebren bajo la apariencia de ser conmutativos, en la práctica se transforman en aleatorios, circunstancia macro-contractual que conduce a la inseguridad sobre la suerte de los contratos, habilitando institutos como la imposibilidad de cumplimiento del contrato (art. 955 del CCCN), la frustración de la finalidad del contrato (art. 1090 del CCCN) o a la teoría de la imprevisión (art. 1091 del CCCN).

Si los contratos conmutativos devienen en aleatorios, las transacciones se desprestigian, lo que conlleva a que las conductas especulativas y los incumplimientos se incentiven y naturalicen, afectando el funcionamiento de la economía en su integridad, motivando que se frene e, incluso, languidezca pausadamente.