La presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, con el aval de la UIA y la CGT, prepara un decreto que habilitará la conformación de mutuas de autoseguro entre empresas y gremios, las cuales gozarán de importantes beneficios impositivos.
A pesar de la incertidumbre respecto a la reforma integral en la reglamentación de riesgos de trabajo, el Gobierno prepara una modificación en la regulación de riesgos de trabajo que trataría la reglamentación del sistema de mutuas o autoseguro, instituciones que funcionarían como alternativa a las actuales aseguradores y estarían compuestas por empresas y gremios según la rama de actividad, dentro de sus convenios colectivos respectivos.
La mencionada medida iba a ser anunciada la semana pasada durante el acto por el Día de la Industria pero, finalmente, la novedad habría sido postergada hasta sucedidas las elecciones del 23 de octubre para evitar que la medida sea tomada como un artilugio de campaña.
La iniciativa, que se instrumentaría a través de un decreto, serviría para caracterizar el ejercicio de las mutuas como autoseguro colectivos alternativo a las ARTs, que constituye un mecanismo válido según la propia ley de riesgos de trabajo pero cuya reglamentación está pendiente desde la ola de juicios y pedidos de inconstitucionalidad de varios artículos de la norma.
De acuerdo con las fuentes oficiales, el propósito del proyecto es reducir los costos de las firmas con respecto a la cobertura de accidentes de trabajo y, al mismo tiempo, incentivar a empresas y gremios a internalizar la prevención de siniestros.
Por su parte, el sector empresario comparte la visión según la cual autoasegurarse reduciría sus costos, no sólo porque se evitarían el costo de contratar una aseguradora, sino también por los beneficios impositivos que obtendrían. Según remarcó un referente de la UIA, el tratamiento impositivo se equipararía al de una mutual ya que se trata de asociaciones sin fines de lucro, es decir, que las mutuas estarían exentas de impuestos a las ganancias y al cheque y que, incluso, podrían quedar exentas de tributar por IVA.
Por otro lado, los especialistas en riesgos de trabajo comentan que existen dificultades con respecto a la puesta en marcha del sistema proyectado pues opinan que su aplicación resultaría más beneficiosa para las grandes empresas que para las pymes. Más aún, cuestionan que sea posible acordar las mutuas mixtas, ya sea entre el sector empleador y los gremios, como dentro de los rubros donde las negociaciones colectivas se realizan por empresa y no por rama de actividad, ya que en muchos casos se presentan dificultades en el diálogo.
Cabe recordar, que aun cuando proceda este operativo regulatorio, quedará irresuelta la cuestión de fondo ateniente a la doble vía que habilita al trabajador accidentado a cobrar la indemnización del sistema y a la par iniciar un juicio civil.
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