El flamante procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, presentará en las próximas horas recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia contra las medidas cautelares que trabaron el uso de las reservas del Banco Central para el pago de deuda. Así intentará destrabar en pocos días el Fondo del Bicentenario, antes de que se pronuncie el Congreso. Una fuente cercana a Da Rocha precisó que está en término para presentar las apelaciones ante la Corte, y que el Estado va a presentar recurso extraordinario. La Corte Suprema en realidad sólo acepta recursos extraordinarios sobre sentencias firmes que resultan de juicios ordinarios con plazos más largos y no sobre medidas cautelares. Sin embargo, la apelación le sirve al Gobierno si la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la concede con efecto suspensivo de las cautelares. Esto significa que el Gobierno podría constituir el Fondo del Bicentenario y utilizar los recursos, aunque el juicio contra su creación por decreto de necesidad y urgencia dure meses y hasta años. Es cierto que si la Cámara se toma algún tiempo para tratar el recurso, la decisión puede superponerse con la discusión en el Congreso del DNU 2010/09 que creó el Fondo del Bicentenario. Sin embargo, el Gobierno tendría urgencia para llevar a cabo algunas operaciones de deuda que están pendientes desde enero. Así también se aplicaría una política de hechos consumados, sobre todo si se puede mostrar algún beneficio a las provincias. Las medidas cautelares que tiene que apelar ante la Corte Da Rocha son tres, que están en distintas salas de la Cámara, por lo que podrían tener resultados diferentes en cuanto al carácter suspensivo del recurso. La demanda iniciada por los diputados Federico Pinedo (PRO) y Patricia Bullrich, Alfonso Prat Gay y Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, está en la Sala IV integrada por los camaristas Jorge Morán, y los subrogantes Sergio Fernández y Luis María Márquez. En tanto, la presentación de los senadores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz y el diputado de la UCR Ricardo Gil Lavedra recayó en la Sala III, compuesta por Sergio Fernández, Jorge Argento y Carlos Grecco, que está excusado en estas causas. Por último, la causa impulsada por los peronistas disidentes diputados Graciela Camaño, Felipe Solá, Alfredo Atanasof, Manuel Morejón y senadora Graciela De Perna todavía tiene que ir a la Cámara, porque la apelación del Gobierno en primera instancia recién fue contestada por los demandantes el martes pasado. Pueden faltar así más de 5 días hábiles para que Da Rocha pueda pedir ir a la Corte. Todas estas medidas tienen un destino amargo en la Corte, ya que los ministros no sólo rechazan discutir medidas cautelares, sino que tampoco aceptan la legitimación procesal para presentarse como damnificados de diputados que deben debatir los temas en el Congreso. En este caso en particular, la Cámara hizo una excepción a esa regla de la Corte porque entendió que la aplicación del DNU mientras estaba cerrado el Congreso impediría que los diputados se expidieran sobre el mismo. Pero para cuando la Corte deba opinar, el Parlamento estará en pleno funcionamiento y seguramente la cuestión se habrá zanjado. Fuente: Cronista.com