El fiscal de Instrucción Penal Claudio Soca, fue suspendido en el ejercicio de sus funciones y enviado a juicio político por presunto acoso laboral, luego de que el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, aconsejara la suspensión del mismo, tras considerar en base a una denuncia efectuada por empleados y por un representante de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que el fiscal suspendido había efectuado un maltrato reiterado sobre los empleados que se encontraban a su cargo. En el dictamen, se establece que lo que se ha puesto en duda es la capacidad de gestión de Soca para estar a cargo de una dependencia, pero dejando en claro, que no se encuentra cuestionado por un mal desempeño laboral. Según expresó el Procurador General, se constituyó un notorio menoscabo a la investidura de un magistrado del Ministerio Público,  como consecuencia de un ejercicio abusivo del poder como superior jerárquico de la dependencia, lo que justifica analizar la expulsión del mismo. Entre los diferentes hechos que señaló Righi, se destaca la presunta violación de los derechos constitucionales a la intimidad y la privacidad de una empleada del acusado, quien se encontraba embarazada, como consecuencia de haber solicitado su historia clínica a un instituto médico. Por otro lado, se destaca la sanción impuesta a una empleada quien no cumplió con la indicación de permanecer en la fiscalía hasta que se la notificara la intención de no concederle la licencia por matrimonio en el período solicitado. Luego de tales acusaciones, el fiscal deberá enfrentar un Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, después de que el Procurador General considerase que como consecuencia de tales  actitudes se produjo una afectación en la salud de los agraviados.