El Poder Ejecutivo italiano encabezado por Silvio Berlusconi, presentó un nuevo proyecto de ley por medio del cual se castiga con días de arresto y con multas, a aquellas personas que desempeñen la prostitución en lugares públicos, como así también a los clientes de las mismas. Mediante dicha iniciativa, se pretende introducir como un delito a la prostitución que se efectúe en la vía pública, a través de lo cual se pretende limpiar las calles de prostitutas y de sus clientes. Por otro lado, mediante tal proyecto, se buscará concretar una modificación a la ley Merlin, la cual fuese dictada hace más de cincuenta años, imponiendo la abolición de la reglamentación de la prostitución en dicho país, produciendo como consecuencia que los burdeles debieran cerrar por ser considerados ilegales. A su vez, en la iniciativa se establecen severas penas a quienes favorezcan o impulsen la prostitución de menores, pudiendo recibir una pena de 6 a 12 años de prisión por introducir o beneficiarse por la prostitución de un menor de 18 años, así como cuantiosas multas a quienes realicen ese tipo de actos. Por su parte, las voces opositoras no se hicieron esperar, catalogando a la iniciativa como hipócrita, debido a que al prohibir  la prostitución en las calles, obliga a quienes desarrollen tal actividad a ir a una casa cerrada, lo cual ayuda a la labor de los explotadores sexuales.