La figura del sindicalista bancario Juan José Zanola, preso desde hace seis meses en el marco de la causa por la entrega de medicamentos truchos a los afiliados de la obra social de la actividad, volvió a quedar ayer en el centro de la polémica. Un fallo de Justicia laboral porteña dispuso la intervención del gremio por denuncias sobre supuestas irregularidades en su funcionamiento y en las última elección de autoridades de la entidad y ordenó investigar “la totalidad de las actividades” de la conducción sindical.
La decisión de la Sala X de la Cámara del Trabajo porteña también incluyó la designación como interventor de Rodolfo Alonso, pero el nombramiento generó fuertes cuestionamientos entre los sectores del gremio enfrentados a Zanola, que recordaron el paso de Alonso por una de las gerencias de la Administración de Programas Especiales (APE), justamente el organismo que financia la compra de medicamentos para tratamientos de alta complejidad por parte de las obras sociales sindicales.
El pasado de Alonso en la APE (en 2002 fue designado como gerente de Control de gestión) fue admitido por el secretario adjunto de La Bancaria, Sergio Palazzo, quien sin embargo rechazó que el fallo que ordenó la intervención del gremio esté vinculado con la causa de la denominada “mafia de los medicamentos”, por la cual Zanola sigue detenido. “Esto no tiene ninguna relación con la obra social. Es una medida cautelar ante un pedido de impugnación de de la oposición interna”, dijo Palazzo a este diario y anticipó que hoy los abogados patrocinantes del gremio, Héctor Recalde y Carlos Marín, harán una presentación ante la cámara laboral porteña rechazando la resolución.
Según el fallo difundido ayer y firmado por los jueces Gregorio Corach y Daniel Stortini, la intervención a cargo de Alonso tendrá amplias funciones para “indagar sobre la totalidad de las actividades” realizadas por la conducción del gremio en manos de Zanola y deberá informar cada 30 días sobre el funcionamiento de la entidad gremial. “El interventor designado deberá contar con acceso a todos los registros de la Asociación accionada y con la facultad de solicitar informes y recibir denuncias y presentarse ante las autoridades de la citada Asociación”, detallaron los jueces en su resolución.
La causa se inició por una denuncia del dirigente Raúl Fontana, opositor interno a Zanola, quien reclamó la nulidad de las últimas elecciones de autoridades del gremio. Justamente desde ese sector recordaron ayer que el flamante interventor ocupó un importante cargo en la APE, organismo que también es investigado por el juez Claudio Bonadío por irregularidades en la distribución de reintegros a las obras sociales sindicales por la adquisición de medicamentos para tratamientos especiales.
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