La Inspección General de Justicia (IGJ) logró corroborar que aproximadamente 22.000 personas fallecidas forman parte de directorios y consejos de administración de diversas entidades que se encuentran activas en los registros del organismo.

De esta manera y a partir del trabajo y el intercambio de información que la IGJ lleva adelante con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), se pudo comprobar este delito.

El tipo de sanción que se aplicará a cada caso no se encuentra determinada pero podrá variar entre una multa, pedido de nulidad de inscripción y hasta la radicación de una denuncia penal.

Cabe señalar que el organismo afirmó que la gravedad de los casos varía. Para esto, se tendrá en cuenta si el dato ha sido corroborado en alguna presentación realizada con posterioridad al fallecimiento de la persona o no. Esto será fundamental para determinar el tipo de sanción que se aplicará.

Asimismo, en el 2011 y con el reempadronamiento que llevó a cabo la IGJ, el organismo ya ejecutó multas a aquellas entidades que declararon tener entre sus autoridades con mandato vigente a personas fallecidas.

Como antecedente inmediato en cuanto a sanciones, una asociación fue castigada luego de declarar que una persona a cargo de la tesorería se encontraba en funciones cuando estaba fallecida en octubre de 2010.