La sucursal de la entidad bancaria fue sancionada por el entonces vicepresidente económico del Gobierno socialistas, Pedro Solbes, debido a graves infracciones previstas en la Ley de prevención de blanqueo de capitales.
Al momento de la sanción, noviembre de 2002, el HSBC interpuso un recurso de casación contra la resolución por el ministro de Economía. Ahora el Tribunal Supremo desestimó dicha acción.
La multa de 2,1 millones de euros impuesta a HSBC España, la cual consta en una resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, se debe a tres infracciones de la normativa contra el blanqueo de capitales.
La entidad deberá abonar 925.000 euros por incumplir la obligación de identificación de clientes; 300.000 euros por no respetar las obligaciones de examinar “con especial atención” cualquier operación; y 875.000 euros por no establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno y comunicación para prevenir e impedir las operaciones.
Asimismo, se acusa al banco de no haber comunicado por acción propia al Servicio Ejecutivo las operaciones sospechosas, y además por no haberse abstenido de ejecutarlas.
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