El Gobierno de Bolivia parece tener un panorama complicado como consecuencia del proceso de estatización que ha venido llevando a cabo. Varias demandas arbitrales han sido presentadas en su contra  por parte de empresas internacionales que se vieron afectadas por el proceso de nacionalización concretado por el gobierno de dicho país. Las cuatro demandas, contra las cuales el Gobierno ya ha asumido la defensa, ascienden a 925 millones de dólares. La demanda de mayor monto es la presentada por la empresa Ashmore Energy Internacional (AEI), la cual solicitó el arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo. Tal presentación, consiste en la reclamación por la confiscación del 25% de las acciones correspondientes a la compañía de transporte de hidrocarburos Transredes, la cual fue recientemente nacionalizada por el Estado. Por otro lado, la empresa EuroTelecom Internacional (ETI), quien fuera propietaria de parte de las acciones de la nacionalizada Empresa Nacional de Telecomunicaciones, llevará su caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), a pesar de tener conocimiento de que Bolivia se ha retirado del mismo. La empresa de capitales italianos, reclamará ante el centro de arbitrajes, una suma que ronda los 350 millones de dólares. La empresa suiza Glencore, encargada de la  administración de  la fundición de metales de Vinto, la cual  también fue incluida en el proceso de estatización impulsado por el presidente Evo Morales, a diferencia de los casos anteriores, se encuentra analizando alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo boliviano. Por su parte, el Gobierno boliviano, espera no tener que llegar a la instancia del arbitraje con las empresas peruanas Graña y Montero, así como tampoco con la empresa alemana Oil Tanking. Con relación a esta última, sus acciones fueron confiscadas durante la estatización de la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia.