La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de dictar una sentencia que puede tener consecuencias significativas sobre uno de los tributos más controvertidos para las empresas: las tasas municipales calculadas sobre sus ingresos.

El caso, “Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos y Jubilados de la Fraternidad Sección Pergamino c/ Municipalidad de Pergamino”, se refiere a la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene cobrada por ese municipio. Sin embargo, su importancia excede ampliamente la situación de la mutual y las particularidades de Pergamino.

La cuestión central es sencilla: ¿puede un municipio cobrar una tasa durante años sin prestar efectivamente el servicio que la justifica? ¿Puede determinar su monto en función de la facturación del contribuyente sin demostrar una relación razonable con el costo de ese servicio?

La respuesta de la Corte es clara: la autonomía municipal y la capacidad contributiva no pueden utilizarse para desnaturalizar una tasa y convertirla en un impuesto encubierto.

Un problema recurrente

A diferencia del impuesto, la tasa presupone una actividad estatal vinculada concretamente con el obligado. En las tasas de seguridad e higiene, esa actividad consiste, típicamente, en inspeccionar establecimientos para verificar el cumplimiento de normas sanitarias, de seguridad y salubridad.

En la práctica, esa relación suele debilitarse. Es frecuente que las tasas se calculen aplicando una alícuota sobre los ingresos, de modo que la obligación aumenta al ritmo de la facturación aunque el establecimiento, las inspecciones y el costo del servicio permanezcan invariables. Así, un tributo concebido para financiar un servicio divisible puede convertirse en una fuente general de recursos municipales.

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires había sido particularmente deferente con los municipios. Aunque reconocía la necesidad de una “periodicidad razonable” en la prestación, otorgaba considerable relevancia a la organización y disponibilidad potencial del servicio.

En materia cuantitativa, sostenía que no existía una norma constitucional que exigiera proporcionalidad entre el monto de la tasa y el costo del servicio. Según esa doctrina, la impugnación solo debía prosperar si el contribuyente demostraba que el gravamen era prohibitivo, destructivo o confiscatorio.

El nuevo pronunciamiento de la Corte federal desautoriza expresamente este último criterio y limita sensiblemente el primero.

Una inspección posterior no justifica el pasado

La mutual había señalado que el municipio no inspeccionó sus instalaciones durante décadas. Las actuaciones invocadas por la comuna fueron realizadas después de iniciada la demanda y, en un caso, luego de que el juzgado requiriera información sobre la existencia de inspecciones.

Para la Corte, una inspección posterior al cuestionamiento judicial no puede legitimar retroactivamente obligaciones correspondientes a períodos anteriores. La prestación del servicio constituye el presupuesto que justifica el cobro y no puede ser reconstruida una vez controvertida la tasa.

El voto conjunto de los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti agregó que la periodicidad es un atributo esencial de la prestación, pues permite demostrar que el servicio se realiza verdaderamente y evita que la tasa se transforme en un impuesto encubierto. También rechazó que la sola posibilidad de ser inspeccionado produzca un efecto disuasorio suficiente para justificarla.

El juez Horacio Rosatti formuló un voto concurrente algo más prudente: sostuvo que la regularidad y efectividad del servicio no admiten fórmulas rígidas, pero coincidió en que la mera pasividad administrativa no acredita su prestación y que una actividad posterior al reclamo no justifica el tributo ya exigido.

La sentencia no requiere, entonces, una inspección por cada anticipo mensual o bimestral. Sí exige una actividad municipal real, comprobable y razonablemente regular. La simple organización administrativa o la posibilidad abstracta de inspeccionar no alcanzan.

La proporcionalidad vuelve al centro de la discusión

El aspecto más novedoso del fallo está en la cuantificación. La Corte identifica dos límites concurrentes.

El primero es general: la recaudación total obtenida mediante la tasa debe guardar una relación razonable con el costo directo e indirecto de organizar y prestar el servicio. El segundo es individual: aun cuando la recaudación total no exceda ese costo, el monto exigido a un contribuyente no puede ser exorbitante en comparación con el servicio que se le presta.

La capacidad contributiva puede utilizarse para distribuir diferencialmente el costo. Puede ser razonable que una empresa de mayor dimensión contribuya más que un pequeño comercio. Pero ese criterio no permite trasladar a los grandes contribuyentes una carga completamente desconectada del costo de la prestación.

El voto de Rosenkrantz y Lorenzetti señala, a título de ejemplo, que la recaudación no podría superar razonablemente “hasta el doble” del costo de las prestaciones directas e indirectas. No parece adecuado interpretar esa expresión como un límite matemático automático: el propio fallo la presenta como un ejemplo y Rosatti no reproduce ese parámetro. Sin embargo, la referencia obligará a los municipios a explicar qué recaudan, cuánto cuesta realmente el servicio y cuál es el destino del excedente.

La sentencia tampoco declara inconstitucional el uso de los ingresos brutos como base de cálculo. La facturación puede funcionar como indicador de capacidad contributiva, siempre que no produzca resultados desproporcionados o disociados de la actividad municipal. El análisis deberá considerar cuánto recauda el municipio, cuánto cuesta el servicio y qué relación guarda la obligación individual con la prestación efectivamente recibida.

Buena parte de esa información —presupuesto del área, personal afectado, cantidad de inspecciones y recaudación total— se encuentra en poder del propio municipio. No sería razonable exigir al contribuyente una prueba imposible sobre datos producidos y controlados por la administración.

Autonomía no significa ausencia de límites

Los municipios necesitan recursos para cumplir sus funciones y la Constitución reconoce su autonomía. Pero esa autonomía no altera la naturaleza de cada especie tributaria. Una tasa debe financiar el servicio que le da causa y no puede utilizarse para solventar indiscriminadamente otras funciones municipales.

El fallo no invalida automáticamente todas las tasas ni autoriza a dejar de pagarlas sin un análisis particular. Cada caso dependerá de la ordenanza aplicable, de las prestaciones acreditadas, de los períodos reclamados y de la relación entre recaudación y costos. Tampoco resuelve definitivamente el litigio: la Corte dejó sin efecto la sentencia provincial y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.

Pero su mensaje es inequívoco: la prestación potencial no puede convertirse en una ficción permanente, una inspección tardía no legitima el pasado, la confiscatoriedad no es el único límite y la facturación no habilita una recaudación ilimitada.

En tiempos de creciente presión fiscal local, la sentencia recuerda una distinción elemental, pero frecuentemente olvidada: una tasa debe financiar el servicio que le da causa. Cuando se pierde esa relación, queda solamente un impuesto con otro nombre.