La Inspección General de Justicia (IGJ) dispuso que todas las fundaciones y asociaciones civiles deberán declarar el origen de donaciones u aportes superiores a los 50.000 pesos mensuales.
 
De esta manera, las ONGs están obligadas a implementar las recomendaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), la cual busca conocer el origen de los fondos para evitar delitos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
 
La nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial, responde a la resolución General 4, firmada por el titular de la IGC –Marcelo Mamberti-, y establece para la totalidad de las fundaciones la “obligatoriedad” de exponer “una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos”.
 
Además, aclara que la reglamentación es para “donaciones o aportes de terceros” y sostiene que el accionar debe llevarse a cabo cuando los importes recibidos sean superiores a los 50.000 pesos “en un período no superior a los treinta días”.
 
Cabe aclara que la nueva legislación responde a la resolución número 30 de la UIF, la cual regula las medidas y procedimientos que las personas jurídicas deberán llevar a cabo para la prevención de diversos tipos de delitos.