¿Qué comunican los despachos de abogados en medio de una catástrofe?
Por Yariana Pérez Núñez (*)

Los bufetes deben comunicar, pero frente a una catástrofe o un desastre natural en donde opera el despacho, el reto es otro: ¿qué se debe decir, y qué callar? ¿Existe una hoja de ruta comunicacional para estos momentos?

 

El pasado 24 de junio, dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela. El sismo más fuerte que ha golpeado al país desde el terremoto de San Narciso en 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Para dimensionarlo: alrededor de la zona afectada, solo se registraron siete sismos de magnitud 6 o superior en los últimos cien años, siendo el más devastador el terremoto de Caracas de 1967, que dejó alrededor de 240 muertos. El del 24 de junio de 2026 ha superado, hasta la fecha de redacción de este artículo, los 3.000 fallecidos y 15.000 heridos, con severos daños en La Guaira (donde se ubican el principal puerto y el aeropuerto internacional del país) y en Caracas, la capital.

 

Entonces las organizaciones reaccionan: activan comités de crisis, levantan planes de contingencia, movilizan recursos. Y aparece la pregunta que a los despachos de abogados no siempre se les ocurre hacer a tiempo: en un momento en el que los medios y las ONG concentran toda la atención, ¿qué papel comunicacional le corresponde a una firma legal?

 

Primero, puertas adentro

 

La respuesta no es compleja, pero exige disciplina: tras verificar fuentes confiables sobre el alcance real del desastre, el primer movimiento comunicacional de un despacho ocurre puertas adentro.

 

Socios, directores y comités de gobernanza deben contactar, uno por uno, a quienes operan en las oficinas ubicadas en la ciudad afectada, para confirmar que el equipo y sus familias están a salvo. De inmediato, hay que canalizar cualquier apoyo requerido a través de organismos capacitados para dar respuesta oportuna, y no solo el primer día: las réplicas, los cortes de servicios y las necesidades logísticas suelen extenderse durante semanas.

 

Si la gestión de redes sociales ha sido programada con antelación, la instrucción es detenerla de inmediato y pausar toda campaña publicitaria. Nadie quiere ver un post sobre servicios jurídicos justo después de un terremoto (y el algoritmo carece de ética, sobre todo en TikTok. Créanme.)

 

Solo después de asegurar al equipo corresponde comunicar internamente cómo la tragedia ha afectado (o no) a los integrantes del despacho, para activar una cadena de solidaridad que genere una sensación de contención, hasta donde sea posible. Esta gestión de comunicación interna, más allá de la empatía y la humanidad que exige por sí misma, suele traducirse a corto plazo en un fortalecimiento tangible de la marca empleadora del despacho.

 

Después, hacia afuera —con cuidado

 

El siguiente paso no pierde ni importancia ni cautela.

 

Frente a la magnitud del desastre, ¿cómo puede el despacho aportar a nivel organizacional? ¿Existen ONG verificadas y confiables para canalizar donaciones? ¿Tiene la firma una política de responsabilidad social ya desarrollada? ¿Es signataria de alguna red alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? Si la respuesta es sí y ya existe una hoja de ruta, el despacho puede proceder con un aporte significativo, legítimo y trazable, siempre que exista un esquema de gobernanza interno, o que al menos esté en proceso de estructurarse.

 

Los esquemas de gobernanza existen, precisamente, para que las decisiones de una organización (incluidas las más sensibles, como a qué causa destinar recursos y cómo comunicarlo) sean coherentes, transparentes y rápidas en momentos donde la incertidumbre es norma. Los despachos de abogados no escapan a esta lógica.

 

Aquí los números respaldan la intuición:

 

●      El Index of Pro Bono 2024 de la Thomson Reuters Foundation (en su sexta edición, publicada a diez años del primer informe) encontró que cerca de 100.000 abogados en 123 países donaron en promedio una semana laboral completa de su tiempo a organizaciones sin fines de lucro, emprendimientos sociales, pequeñas empresas y medios independientes que lo necesitaban.

 

●      La Declaración Pro Bono para las Américas, impulsada por el Vance Center, reúne ya a más de 550 signatarios en 21 países, entre los que se incluyen despachos, colegios de abogados, facultades de derecho y ONG en la región. Según la Encuesta Pro Bono Vance Center–Latin Lawyer 2025, realizada a 185 firmas de 18 países, 9 de cada 10 firmas de la región ya tienen un coordinador pro bono designado.

 

●      Por su parte, México lidera con 93% de firmas afiliadas a una organización pro bono, seguido de Colombia, Chile y Perú con 88%.

 

La conclusión es simple: cuando llega la catástrofe, no se improvisa una política de responsabilidad social desde cero; se activa una que ya debía estar ahí.

 

Hecho el aporte,o los aportes individuales de cada persona dentro del estudio, tiene sentido un comunicado breve de solidaridad en redes y en los canales de contacto masivo. Si el despacho ya está alineado con alguna organización, como se mencionó antes, vale la pena expresarlo: que otros colegas, proveedores y stakeholders sepan que la firma estuvo presente durante un hecho histórico puede ser un gesto inspirador para todo el ecosistema en el que opera. No es un dato menor.

 

Volver a la normalidad sin protagonismo

 

A medida que las actividades retoman su cauce y los abogados vuelven a sus compromisos con clientes, la mirada organizacional y la acción comunicacional deben ser prudentes para evitar cualquier enfoque protagónico. Consolidar políticas institucionales y objetivos que vayan más allá de la captación de clientes o la generación de negocio es la meta

 

Esto no significa que un bufete deba convertirse en una ONG, ni que sustituya la labor de un ente gubernamental o un organismo multilateral. La invitación es otra: pensar en la trascendencia de un despacho que construye marca y opera dentro de un mercado que puede (y debe) ser un actor relevante en la reconstrucción de su país, así como en su desarrollo económico y social.

 

Este tema me toca de cerca por ser venezolana. Y es precisamente esa cercanía la que me impide verlo pasar sin más: si el sector donde trabajo tiene algo que aportar frente a lo que vive hoy Venezuela, prefiero decirlo en voz alta a dejarlo pasar en silencio.

 

 

Citas

(*) Yariana Pérez Núñez es abogada y especialista en marketing jurídico, con un Máster en Mercadeo del IESA y más de 10 años de experiencia en la intersección entre el derecho y el marketing. Es socia de Leega MKT, agencia de marketing y desarrollo de negocios para firmas de abogados en América Latina, y experta en estrategia ante directorios internacionales como Chambers, Legal 500, Leaders League, WTR 1000 e IP Stars. Ha liderado la comunicación institucional y el mercadeo de firmas de referencia en la región.

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