Luego de que a través del decreto de necesidad y urgencia 441/11, el Gobierno Nacional resolviera ampliar su participación en las empresas en las que el Estado posee acciones, al eliminar el límite del 5% del derecho a voto que el Estado tenía hasta el momento, generó un profundo rechazo en el sector empresario.
Como consecuencia del decreto publicado en el día de ayer, el Estado tendrá la posibilidad de colocar tantos representantes en las empresas como lo permita la proporción de su tenencia accionaria, lo que no se encontraba autorizado a las AFJP, y permanecía en vigencia luego de la reestatización de los fondos jubilatorios.
Desde la Unión Industrial Argentina, remarcaron que cuando se estableció el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, se estableció dicha limitación respecto del ejercicio de voto de las AFJP, a raíz de la preocupación del Estado por impedir que esas firmas intentaran controlar a las sociedades.
En igual sentido, desde la Asociación Empresaria Argentina señalaron que el objetivo de las inversiones del sistema previsional no es influir en el gobierno de las empresas, sino preservar el capital y obtener una buena rentabilidad de largo plazo para contribuir a solventar las futuras jubilaciones de los actuales aportantes.
En el decreto, se remarcó que fue derogado un artículo de la ley 24.241 con el fin de hacer valer la tenencia de la ANSeS en igualdad de condiciones con el resto de los inversores, con el objeto de garantizar el conocimiento pleno del accionar de las sociedades en las cuales participa, resguardando los intereses y la preservación de los activos de fondo de afectación específica.
Entre las 43 empresas del sector privado que fueron alcanzadas por dicha decisión, en las que el Estado Nacional, a través de la ANSeS, posee participación, se encuentran Pampa Holding, Aluar, Telecom, Petrobras, Transportadora Gas del Norte, Consultatio y Siderar.
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