Finalmente la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Cecilia de Negre, rechazó la medida cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo de la Nación para frenar los incrementos tarifarios que figuraron en las últimas facturas de gas. Si bien aún no se resolvió la cuestión de fondo basada en la constitucionalidad del nuevo cargo tarifario, la magistrada decidió rechazar el pedido presentado para frenar tales incrementos, tras considerar que los usuarios pueden seguir utilizando el servicio  debido a que no se ha acreditado la inminencia del corte del suministro por las cuestiones planteadas. La Defensoría del Pueblo había alegado que el incremento tarifario resultaba ilegal, ya que se trataba de un impuesto, el cual debía haber sido creado por el Congreso. En la demanda, se afirma que se trata de un impuesto, ya que el cargo no mantiene relación con la contraprestación de un servicio público. La jueza afirmó que la presente decisión no implica que pueda ser reclamado por parte del usuario la restitución de lo pagado en caso de que prospere la demanda presentada. El incremento del cargo tarifario había sido implementado a fines del año pasado con el fin de solventar los gastos de las importaciones de gas de Bolivia que realiza Enarsa, disminuyendo de esa manera los subsidios que se le otorgan a la petrolera estatal.