A través del Decreto 377/26 (DECTO-2026-377-APN-PTE - Modificación de la Reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 y sus modificatorias) se modificó la Reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240. Se publicó en el B.O.R.A. de fecha 22/05/2026 (N° 35.915).
Así las cosas, se introduce el beneficio del pago voluntario para proveedores sancionados por infracciones a la Ley 24.240, permitiendo una reducción del 50% de la multa si se abona en 10 días y se consiente la sanción.
El Poder Ejecutivo fundamenta este cambio en la necesidad de disminuir la litigiosidad administrativa y judicial, buscando una gestión pública más ágil en un contexto de reordenamiento macroeconómico. Esta norma impacta directamente en la relación entre el Estado, las empresas y los derechos resarcitorios de los consumidores.
La norma incorpora un nuevo inciso c) al artículo 45 de la reglamentación de la Ley 24.240 (aprobada por el Decreto 1798/1994), introduciendo un mecanismo de incentivo al cumplimiento voluntario de las sanciones.
En ese sentido, se establece que cuando se imponga una multa por infracción a la Ley de Defensa del Consumidor, el proveedor podrá consentir la sanción y abonar el 50% del monto fijado, siempre que el pago se realice dentro de los 10 días hábiles desde la notificación de la resolución.
El decreto determina condiciones para acceder a la reducción:
El beneficio queda sin efecto si el infractor interpone el recurso de apelación previsto en el artículo 45 de la ley. La reducción no puede dar lugar a un monto inferior al mínimo legal previsto en el artículo 47, inciso b) de la Ley 24.240.
De este modo, se preserva el piso sancionatorio legal, evitando que el incentivo desnaturalice el régimen de protección al consumidor.
Entre sus considerandos, se señala que el procedimiento sancionatorio vigente no contemplaba descuentos por pago anticipado, a diferencia de lo que ocurre en normativas locales y en otros regímenes de comercio interior, como el Decreto 274/2019.
La medida se enmarca en un contexto de reordenamiento macroeconómico, con el objetivo de reducir la litigiosidad administrativa y judicial; evitar mayores costos para la Administración Pública y los proveedores y promover una gestión pública más ágil y eficaz en la resolución de infracciones.
El Decreto 377/2026 entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.
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