La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) había solicitado el 14 de agosto que se deje sin efecto la quiebra, que había sido decretada tres días antes, por considerarla “fraudulenta”.

De esta manera, el juez Gerardo Santicchia, a cargo de la quiebra de la imprenta Donnelley Argentina, decidió conceder la explotación de la firma a la cooperativa MadyGraf, la cual está integrada por los trabajadores.

El magistrado dispuso que los empleados deberán abonar un canon por la locación y "cumplimentar todos los requisitos ineludibles, propios de la explotación".

A su vez, tendrán que evaluar la contratación de seguros contra incendio y destrucción de los bienes, con pólizas endosadas a nombre de la quiebra, y por los accidentes de trabajo de las personas que ejercen labora en la firma.

Por último, la disposición judicial remarcar que el personal a cargo de la empresa deberán presentar las pólizas respectivas ya acreditar el pago puntual y la vigencia de los seguros.