La Cámara Federal, decidió archivar una denuncia penal por la cual se investigaba la existencia de un acuerdo llevado a cabo entre una jueza y los síndicos de procesos judiciales con el fin de evitar quiebras de dos empresas por deudas millonarias. Tal causa tuvo que ser resuelta por la Cámara, debido a la apelación que había sido presentada por los fiscales sobre la decisión del juez federal Rodolfo Canicoba de cerrar la causa. La magistrada investigada, Noema Di Noto, se encontraba a cargo de los procesos llevados a cabo con el fin de evitar la quiebra de las empresas Sociedad Comercial del Plata y la Compañía General de Negocios. A raíz de una denuncia presentada por la fiscal general de la Cámara en lo Comercial, Graciela Glis Carbó, se inició un sumario para investigar supuestas  irregularidades. Entre las mismas, se destaca negociaciones llevadas a cabo que se encuentran prohibidas por la ley concursal, cesiones de créditos a empresas off shore, intimidación a acreedores y balances falsos. Según la postura de los fiscales, la cual se encuentra en coincidencia con los representantes de las empresas involucradas, los síndicos de tales concursos junto con la magistrada actuante en el mismo, llegaron a un acuerdo preventivo extrajudicial en el cual se establecía una quita exagerada. Debido a ello, se sospecha que hubo connivencia con algunos acreedores para que dicho acuerdo sea llevado a cabo, el cual resultaba perjudicial para los otros demandantes. Por su parte, los camaristas, en los argumentos de su declaración de inadmisibilidad del recurso presentado por los fiscales, expresaron que tanto la denuncia como la apelación sobre el archivo de la investigación, conspiran contra la división de competencia material de los Tribunales de la Nación. Los letrados Farah y Freiler, consideran que no se puede pretender del fuero penal federal una revisión de cuestiones que son ajenas a su conocimiento. Expresaron que tal situación sólo será posible, en los supuestos de estafa procesal, prevaricato o cohecho.