Luego de permanecer varios años bajo la alfombra, la polémica en torno al traspaso de la justicia ordinaria de la Capital Federal a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvió a cobrar protagonismo. Dos proyectos de ley, uno del oficialismo y otro de la oposición, fueron presentados en el Congreso de la Nación y hay acuerdo para que sean tratados en las próximas semanas. Si bien ambas iniciativas apuntan al mismo objetivo -la transferencia de la Justicia Nacional ordinaria hacia la Ciudad- presentan algunos matices. El plan kirchnerista impulsado por Carlos Kunkel y que lleva la firma de 13 diputados más, propone la creación de una Comisión Bicameral, compuesta por diez senadores y diez diputados, que presente un dictamen para promover la transferencia. En cambio, el proyecto elaborado por los diputados del PRO Paula Bertol y Federico Pinedo apunta directamente a concretar el traspaso mediante la modificación del artículo N´ 8 de la Ley 24.588: “La jurisdicción y competencia de la Justicia Nacional Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vigentes al momento de la sanción de la presente ley pasarán a formar parte del Poder Judicial de la Ciudad”. Otra diferencia, y quizá la que despierta más polémica, tiene que ver con el presupuesto para afrontar el traspaso. En la iniciativa de Kunkel no se especifica cómo se resolverá la cuestión, mientras que la del PRO señala que “los gastos correspondientes serán absorbidos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una vez que le sean transferidas las partidas presupuestarias actualmente afectadas al funcionamiento de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires”. Al referirse a su proyecto de ley, Kunkel dijo que “buscamos una mayor integración y transparencia, aunando esfuerzos en un mejor servicio de justicia”. La propuesta K despertó desconfianza en autoridades del gobierno porteño, quienes la ven muy similar a lo que hizo el oficialismo nacional con el traspaso -frustrado finalmente- de la Policía Federal, que habilitó la transferencia pero sin las partidas presupuestarias correspondientes. En este sentido, el presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña, Gerardo Ingaramo, advirtió a El Cronista que “la Justicia debe ser traspasada a la Ciudad con los recursos pertinentes, si no estamos sumando otro problema más a la cuestión”. En sintonía con él se pronunció el procurador adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Alterini: “No hay presupuesto oficial que pueda resistir. Es muy utópico pensar la transferencia si no viene acompañada de los fondos”. No es un tema menor, si se tiene en cuenta que de concretarse se transferirían 300 juzgados de los fueros laboral, familiar y de minoridad, comercial y algunos penales, lo que demandaría una suma de más de $ 900 millones. La limitación a la autonomía data de 1996, cuando se sancionó la Ley Cafiero que impidió instrumentar la autonomía judicial. Así, el Congreso limitó por medio de la ley 24.588 los alcances de la plena autonomía que la Constitución Nacional reformada en 1994 había otorgado a la Ciudad. Sólo se permitió que se transfieran las competencias sobre 16 delitos pertenecientes a dos fueros: contravencional y contencioso. Con el traspaso de la Justicia, “los porteños tendrían la oportunidad de ver resueltos sus problemas de violencia familiar, de alimentos, de vecindad, de desalojo, entre otros, por jueces conciudadanos a quienes, a su vez, podrían controlar de modo directo”, describió Ingaramo. En la actualidad, estos problemas son resueltos por jueces elegidos, removidos y/o sancionados por el Consejo de la Magistratura de la Nación. “Es injusto para los ciudadanos porteños que no puedan elegir los representantes que van a resolver sus cuestiones”, apuntó Alterini en diálogo con El Cronista y agregó: “muchos de estos jueces desconocen la realidad propia de la ciudad y, a su vez, sus actos no son controlados por los porteños”, ya que son observados por el Consejo de la Magistratura Nacional y aplican la Constitución de la Nación y no la porteña. Fuente: Cronista.com