Tras años de estancamiento económico y aislamiento financiero, en 2025 la Argentina volvió a posicionarse como un mercado de interés para las operaciones de M&A. La desregulación de sectores estratégicos, la apertura al capital extranjero y la flexibilización económica impulsadas por el gobierno de Javier Milei reactivaron el apetito inversor, especialmente en industrias como energía, minería, infraestructura y agroindustria.

Sin embargo, este nuevo ciclo plantea un interrogante central para el mundo corporativo y jurídico: cómo integrar estrategias de ESG en un país atravesado por profundas desigualdades sociales y altos niveles de pobreza estructural.

La aplicación de esquemas ESG importados de economías desarrolladas sin una adaptación local puede resultar ineficaz. El error más común es replicar modelos de ESG pensados para países desarrollados sin atender a las prioridades sociales reales de la Argentina.

Aunque los indicadores oficiales muestran una leve mejora en los niveles de pobreza durante 2024 y 2025, el escenario continúa siendo frágil. Según datos de INDEC más del 30% de los hogares con niños no logra cubrir gastos básicos y de acuerdo a UNICEF, la pobreza infantil sigue siendo uno de los principales condicionantes del desarrollo económico de largo plazo.

Por eso, para poder pensar en una Argentina que crezca, el eje social del ESG no puede ser accesorio, tiene que ser el punto de partida. Sin abordar problemas como la nutrición infantil, la educación y la empleabilidad, cualquier estrategia de sostenibilidad corre el riesgo de quedar en una declaración simbólica.

ESG como herramienta de creación de valor en operaciones de M&A

Lejos de representar un costo adicional, una estrategia ESG bien diseñada puede transformarse en un activo estratégico dentro de una operación de M&A, tanto para mitigar riesgos como para fortalecer la proyección de largo plazo del negocio.

Un caso reciente que ilustra esta lógica es la adquisición de Adecoagro por parte de Tether. La compañía agroindustrial ya contaba con una política ESG consolidada, con foco en nutrición infantil y desarrollo comunitario articulada a través de alianzas con organizaciones como Fundación CONIN y Haciendo Camino.

En operaciones de este tipo, el ESG deja de ser un complemento y pasa a integrarse al core del negocio. La agenda social de Adecoagro no solo refuerza su reputación, sino que también contribuye a la sostenibilidad económica del proyecto en el largo plazo.

La importancia de la medición

Por otro lado, es primordial poder medir el impacto de estas políticas. Aunque muchos resultados sociales son difíciles de cuantificar, el uso de KPIs claros, auditorías externas y mecanismos de reporte resulta clave para evitar que el ESG se diluya en buenas intenciones. Que el impacto social sea difícil de medir no significa que no deba gestionarse. Sin métricas y sin seguimiento, el ESG pierde credibilidad y efectividad.

La Argentina cuenta con un marco regulatorio avanzado en materia de bonos verdes, sociales y sustentables, alineado con estándares internacionales. Estas herramientas permiten financiar políticas ESG con indicadores verificables y vincular el acceso al financiamiento con resultados concretos.

En definitiva: en un contexto como el argentino, donde las urgencias sociales son evidentes, comprender el ESG como una variable de negocio —y no como un mero requisito reputacional— no es solo una buena práctica: es una condición necesaria para que las inversiones sean viables, responsables y sostenibles en el tiempo.

Desde nuestro lugar de asesores legales, el desafío ya no pasa solo por estructurar transacciones o asegurar cumplimiento normativo. Hoy es fundamental no solo que reconozcamos la relevancia de ESG en las transacciones y decisiones de inversión, sino que integremos este enfoque a nuestra práctica cotidiana desde una mirada comprometida y analítica que identifique riesgos, anticipe impactos regulatorios y traduzca los compromisos de sostenibilidad en estructuras jurídicas concretas y medibles.