Reflexiones sobre "Cacería de brujas" y el impacto legal de la denuncia en la era de la cancelación

La película "Cacería de brujas" de Luca Guadagnino no trata sobre una falsa denuncia. Tampoco sobre una denuncia verdadera. Trata, en cambio, sobre lo que sucede en una comunidad con jerarquías cuando la acusación se convierte en un acontecimiento público y la verdad deja de importar. Este desplazamiento, del derecho de acceso a la justicia hacia el derecho de la multitud a juzgar, es quizá una de las tensiones más profundas que enfrenta hoy el sistema penal, aunque casi nunca lo formulemos en estos términos.

El desplazamiento de la verdad

Alma Imhoff es una profesora de filosofía en la Universidad de Yale, respetada, sofisticada, inamovible en su estatus. La noche en que Maggie Resnick, su alumna más brillante, llega a su puerta para contarle sobre una acusación de abuso sexual contra Hank, su colega y amigo, Alma no reacciona con empatía. Reacciona con desconfianza. Y ese gesto mínimo, esa fracción de duda, es el que detona toda la catástrofe.

Lo notable es que la película nunca nos permite saber si la acusación es verdadera, porque esa indeterminación es exactamente el punto: en el momento en que una acusación se vuelve pública, en el momento en que trasciende el espacio limitado de la intimidad, deja de ser una cuestión de hechos verificables para convertirse en una cuestión de poder y legitimidad social.

Alma intuye algo del pasado de Maggie. Y ese conocimiento deforma su percepción. O quizá su reacción no tiene nada que ver con la verdad fáctica de la acusación y todo que ver con sus propios mecanismos de defensa. La película se instala precisamente en ese espacio donde la verdad y la verosimilitud se separan.

La dinámica de poder que precede a la acusación

Lo que Guadagnino comprende con claridad es que antes de cualquier acusación hay una acumulación de poder desigual. La relación entre profesor y estudiante es asimétrica. El profesor posee información sobre la vida del estudiante, y el estudiante casi no posee información sobre la vida del profesor. Ese desequilibrio es el que habita bajo la superficie de todo lo que sucede después.

La acusación de Maggie contra Hank emerge de esa desigualdad previa. Pero lo que la película sugiere, sin ser explícita, que también hay acusaciones tácitas que preceden a toda denuncia formal. 

Años atrás, Alma formuló una acusación: siendo menor de edad tuvo una relación con  un hombre adulto Este hecho  se vuelve el espejo en el que Alma ve la denuncia  de Maggie.

Jurídicamente, estamos acostumbrados a trabajar con dos categorías: culpa o inocencia, verdad o falsedad. Pero la película se instala en un lugar que el derecho penal raramente ocupa: la zona donde los hechos son ambiguos pero sus consecuencias son absolutas. En el film no existe el plano jurìdico. No importa si Hank abusó de Maggie. Lo que importa es que, desde el momento en que la acusación se hace pública, Hank ya está destruido. Su carrera, su reputación, su posición en la institución ya están liquidadas

El derecho penal como garantía de certeza en tiempos de incertidumbre

Es aquí  donde conviene introducir una reflexión jurídica más rigurosa. El sistema de justicia penal, entre otras cosas, también fue diseñado precisamente para introducir ritualidad, demora, procedimiento, en respuesta al deseo social de castigo inmediato. El debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, las garantías constitucionales: todo esto no existe para proteger culpables sino para establecer un mecanismo que frene el impulso punitivo de la multitud.

Cuando la Constitución Nacional argentina establece la presunción de inocencia como principio fundamental, no está haciendo una afirmación ingenua sobre la bondad humana. Está diciendo que la acusación no es suficiente. Que entre la acusación y la sanción debe mediar un proceso que satisfaga estándares de verdad mucho más exigentes que los que ordinariamente usamos en la conversación cotidiana.

Pero lo que sucede en Yale, en la película, es que se saltea ese mecanismo. La acusación pública reemplaza al proceso. El testimonio de una víctima presunta reemplaza a la investigación. La indignación moral reemplaza a la determinación de hechos. Y todos los actores, los colegas de Hank, la administración universitaria, la prensa, los estudiantes, actúan como si ya hubiera una sentencia condenatoria que simplemente está esperando ser ejecutada.
Esto no es particular de la película. Es una característica de nuestra época.

La cancelalización como mecanismo de sustitución

Lo que habitualmente llamamos "cultura de cancelación" es, en términos jurídicos, un proceso de adjudicación de responsabilidad sin procedimiento. Es una manera de ejercer poder punitivo que elude completamente las garantías que las democracias han desarrollado históricamente para limitar ese poder.

Cuando Hank es cancelado, cuando ya no puede enseñar, cuando ya no puede presentarse en público sin provocar una reacción de rechazo, cuando su carrera está terminada, esto ha sucedido sin que exista ninguna sentencia que lo declare culpable. Sucedió mediante un proceso de acumulación de juicios fragmentados, comentarios en redes sociales, reuniones administrativas, conversaciones privadas. Sucede con la apariencia de una acción colectiva espontánea, pero con el efecto de una condena.

La ironía es que el sistema jurídico formal podría, en teoría, ser más indulgente. Un tribunal podría determinar que los hechos son insuficientemente probados y absolver al acusado. Podría determinar que hubo consentimiento o podría encontrar razones para dudar. Pero el tribunal de la opinión pública no tiene esas opciones. Opera bajo la lógica de la probabilidad, no de la certeza. Bajo la lógica de lo verosímil, no de lo probado.

El costo de la publicidad

Hay un punto que la película toca con precisión: la publicidad de la acusación destruye algo que ningún procedimiento legal puede restaurar. Incluso si Hank fuera absuelto en un juicio formal y se demostrara que Maggie mintió, el daño ya habría ocurrido. Su reputación, su carrera, su capacidad de existir en el espacio público ya están irremediablemente comprometidas.

En un artículo de mi colega Andrés García Vautrin se trató la cuestión de las falsas denuncias, pero en este caso el tema merece una elaboración más compleja. La responsabilidad civil por daños y perjuicios, regulada en el Código Civil y Comercial a través de disposiciones que permiten reclamar compensación por daño moral e inmaterial, existe precisamente para reconocer que el daño a la reputación es un daño real. Pero la compensación económica es un sustituto insuficiente para la restauración de la verdad.

Una persona acusada públicamente de abuso sexual carga ese estigma incluso después de ser absuelto, ya que muchas veces la absolución se lee como una falla del sistema de justicia, no como una prueba de inocencia. La duda persiste. La sospecha se enquista.

Esto es lo que la película quiere que entendamos: cuando Alma decide no defender públicamente a Hank, cuando decide mantener la ambigüedad sobre su culpabilidad, está participando en su destrucción. No porque Hank sea culpable. Sino porque en la era de la comunicación digital, el silencio equivale a la culpa.

La institución como actor responsable

Lo que apenas se discute, pero que la película articula con claridad, es que la institución, -Yale en este caso, pero podríamos estar hablando de cualquier organización con poder- también es un agente responsable en este proceso. No simplemente porque no investigue adecuadamente, sino porque actúa de acuerdo a lógicas que no son jurídicas.

La universidad no está intentando determinar la verdad. Está intentando protegerse. Está intentando limitar su exposición legal y reputacional. Y esa motivación es completamente diferente a la motivación que debería animar a un sistema de justicia penal.

Cuando la administración universitaria actúa rápidamente para remover a Hank de la posición, está evitando un escándalo que podría afectar el prestigio y la captación de recursos de la institución. No está haciendo justicia. Está haciendo control de daños.

Acá aparece un problema jurídico real: ¿qué responsabilidad tiene la institución cuando adopta medidas punitivas contra alguien acusado pero no condenado? El Código Penal argentino no regula directamente esto, pero existen principios generales de derecho administrativo que podrían aplicarse. Una institución no puede ejercer poder punitivo sin procedimiento. O, dicho de otro modo, el debido proceso se aplica también en contextos administrativos e institucionales, no solo en el ámbito penal formal.

Alma comprende esto, a su manera. Por eso su resistencia inicial a condenar públicamente a Hank no es solo cobardía o complicidad. Es también, de alguna manera, un reconocimiento de que algo en el proceso es fundamentalmente injusto. No porque Hank sea inocente, sino porque nadie trató de determinarlo.

La verdad retrospectiva

Hay un momento en "Cacería de brujas" en que Alma revela su propio secreto: cuando era joven, fue denunciante de un abuso  que resultó en el sucidio de su agresor. Su silencio sobre ese evento, su capacidad de vivir con esa ambigüedad, la moldeó profundamente. Cuando se enfrenta a la acusación de Maggie contra Hank, no está enfrentando algo nuevo. Está enfrentando algo que ha sido el tema de toda su vida: cómo vivimos con acciones pasadas cuya verdad moral o legal nunca será completamente resuelta.

Esto apunta a algo importante: la verdad no es siempre retrospectiva. A veces, vivimos toda una vida sin poder determinar si lo que hicimos fue injusto o no. Ese sufrimiento, esa incertidumbre, es parte de lo que significa ser una persona moral en el mundo.

El sistema jurídico es un intento de evitar ese sufrimiento, de establecer certeza donde hay duda. Pero inevitablemente falla. Inevitablemente, sus sentencias dejan a su paso daño que no pueden reparar y ambigüedad que no pueden resolver.

La responsabilidad de las acusaciones públicas

Donde la película se vuelve verdaderamente útil es cuando comienza a articular lo que podría ser una responsabilidad específica de quien realiza acusaciones públicas. No solamente la responsabilidad penal por falsedad (que requiere que la acusación sea completamente falsa y que el acusador supiese de su falsedad, estándares extremadamente exigentes). Sino una responsabilidad más amplia: la responsabilidad de quien introduce la acusación en el espacio público.

En derecho de daños, existe el concepto de "responsabilidad por difamación agravada" en contextos donde la acusación es formulada públicamente y causa daño más grave. En el derecho argentino, esto estaría contemplado bajo los artículos 109 a 117 bis del Código Penal, relativos a calumnias e injurias. Pero estos tienen limitaciones severas: requieren que la acusación sea falsa, que sea intencional, que cause daño específico.

Lo que la película sugiere es que habría que pensar en una responsabilidad que no dependa de la falsedad de la acusación. Una responsabilidad que tenga que ver con la manera en que la acusación es formulada, con el contexto en que se hace pública, con las consecuencias previsibles que tendrá.

Esto sería novedoso, porque significa que incluso una acusación verdadera podría generar responsabilidad si fue formulada de una manera que produjo daño desproporcionado, si fue publicada de una manera que obstruya el debido proceso, si fue instrumentalizada para fines que no son jurídicos.

Pero también sería peligroso, porque podría silenciar a las víctimas legítimas que tienen todo el derecho a reclamar justicia sin temor a ser demandadas por daños.

La dialéctica de la protección

Es acá donde el análisis de la película supera la teoría legal. Porque Guadagnino entiende que no podemos resolver este dilema. No podemos proteger simultáneamente el derecho de las víctimas a denunciar públicamente abuso y el derecho de los acusados a ser juzgados conforme a procedimientos que respeten la presunción de inocencia.

Estos dos derechos están en tensión permanente. Y cualquier intento de resolver esa tensión en favor de uno de los lados inevitablemente daña al otro.

Una sociedad que prioriza el derecho de las víctimas a ser escuchadas públicamente corre el riesgo de facilitar acusaciones falsas o maliciosas que destruyen vidas. Una sociedad que prioriza el derecho de los acusados a la presunción de inocencia corre el riesgo de silenciar a las víctimas, de permitir que los poderosos eludan la responsabilidad tras la protección de procedimientos técnicos.

La película no resuelve esto. Y es correcto que no lo haga. Porque no hay resolución. Solo hay dilemas que cada institución y cada persona debe enfrentar de manera específica, en contextos particulares, sin poder apelar a principios universales que hagan desaparecer la tensión.

El derrumbe de la confianza institucional

Lo que sucede en Yale en la película es el derrumbe de la confianza institucional. No porque una sola acusación sea falsa o verdadera, sino porque el proceso mediante el cual se responde a la acusación viola los estándares mínimos de equidad que hacen que las instituciones sean confiables.

Cuando una universidad actúa rápidamente para remover a un profesor acusado sin investigación, sin procedimiento, sin respeto por la presunción de inocencia, está enseñando a todos sus miembros que la acusación es suficiente. Que no hay un espacio entre la acusación y la condena. Que la institución no es un espacio de justicia sino un espacio donde el poder punitivo fluye sin restricciones.

Eso contamina todo lo que la institución hace después. Hace que cualquier investigación sea percibida como una farsa. Hace que cualquier intento de Hank de defenderse sea percibido como una estrategia de silenciamiento. Hace que cualquier apoyo que alguien le ofrezca sea percibido como una alianza con los abusadores.

La comunidad se divide en líneas de lealtad que no tienen nada que ver con la verdad. Algunos están con Maggie porque simpatizar con ella es moralmente correcto. Otros están con Hank porque creen que ha sido injustamente acusado. Pero nadie está buscando la verdad, porque la búsqueda de la verdad requiere un tipo de paciencia y apertura que la polarización hace imposible.

La responsabilidad penal por acusaciones públicas

Acá volvemos a las herramientas jurídicas reales que tenemos disponibles. El Código Penal, en su artículo 245, contempla la "denuncia o acusación falsa". Pero como ya señaló García Vautrin en otras oportunidades, los estándares para demostrar "falsedad" son extremadamente exigentes. No es suficiente que los hechos no hayan ocurrido como fueron relatados. Es necesario demostrar que quien formuló la denuncia sabía que era falsa.

Esto tiene sentido: queremos disuadir a las personas de formular acusaciones maliciosas que saben que son falsas. No queremos castigar a la gente por estar equivocada, por haber interpretado incorrectamente los hechos, por haber cambiado de opinión sobre lo que sucedió.

Pero el problema que la película muestra es que este estándar es insuficiente. Porque una acusación puede ser verdadera en sus hechos esenciales, algo sucedió, pero dañina en sus consecuencias, porque fue formulada en un contexto donde el debido proceso era imposible, porque fue usada como un arma en una batalla política, porque fue instrumentalizada por actores que no tenían interés en la verdad.

Como ya mencionamos, una disposición legal que es relevante aquí: los artículos 109 a 117 bis del Código Penal, sobre calumnias e injurias. Una calumnia es la imputación de un delito que sabe el que la hace, injusta, falsa o errada. Pero nuevamente, la falsedad es un elemento necesario. No es posible demandar a alguien por calumnias si lo que dice es verdadero, aunque sea hiriente.

Lo que la película sugiere, sin decirlo 

Explícitamente, es que habría que pensar en una nueva categoría de responsabilidad: no "denuncia falsa", sino "denuncia irresponsablemente publicitada". O "denuncia que obstaculiza el debido proceso". O simplemente "abuso del derecho a denunciar".

El derecho a denunciar no es absoluto. Como cualquier derecho, puede ser abusado. Y cuando es abusado, usado para fines que no son la búsqueda de justicia sino la persecución política, la venganza personal, la ganancia mediática, quizá debería haber consecuencias.

Pero determinar cuándo una denuncia es una "acusación responsable" y cuándo es un "abuso del derecho" requiere hacer exactamente lo que el sistema legal no puede hacer: leer mentes, adivinar intenciones, evaluar motivaciones ocultas.

La soledad del actor institucional

Alma, en la película, está sola. No porque nadie la apoye, sino porque cualquier apoyo que reciba es ambiguo. ¿Le apoyan porque creen que tiene razón? ¿O le apoyan porque quieren silenciar a Maggie? ¿O le apoyan porque tienen sus propias razones políticas?

En un contexto de polarización completa, es imposible actuar moralmente. Cualquier acción que se tome será interpretada por la mitad de la comunidad como la acción correcta y por la otra mitad como la acción más deshonesta.
Esto tiene implicaciones jurídicas. Los operadores del sistema de justicia penal, jueces, fiscales, abogados defensores, enfrentan exactamente esta situación. Están bajo presión constante. Actúan en contextos donde sus decisiones son interpretadas inmediatamente. Donde un fallo de "inocencia" es visto por algunos como una traición a las víctimas, y un fallo de "culpabilidad" es visto por otros como una presión de la multitud.

¿Cómo se mantiene la integridad del sistema de justicia en esas circunstancias? ¿Cómo se asegura que las decisiones sobre culpabilidad se toman conforme a hechos y derecho, no conforme a política y presión social?
La respuesta, insatisfactoria pero honesta, es que es muy difícil. Que el sistema está bajo presión constante. Que hay jueces que ceden a esa presión. Que hay fiscales que buscan condenas populares más que justicia. Que hay abogados defensores cuyas defensas son inútiles porque la opinión pública ya ha condenado a su cliente.

La película no ofrece una solución a esto. Y es correcto que no lo haga.

El retorno de la verdad como categoría jurídica

Hay un momento en el que la película comienza a revelar información que apunta hacia la verdad sobre lo que sucedió entre Hank y Maggie. Pero revela esa información de una manera que no resuelve nada. Porque incluso cuando sabemos más, no sabemos suficiente. Incluso cuando tenemos más datos, permanecemos en la incertidumbre.

Esto es más honesto que la mayoría de las películas que abordan temas de justicia. Porque la verdad sobre lo que sucedió entre dos personas, especialmente en contextos de poder asimétrico, es casi siempre difícil de determinar. Hay ambigüedad sobre el consentimiento. Hay preguntas sobre el estado mental de los participantes. Hay diferencias honestas sobre cómo fue percibido lo que sucedió.

El derecho penal pretende poder resolver estas cuestiones. Pretende poder determinar, más allá de una duda razonable, qué sucedió realmente. Pero a veces no puede. A veces la verdad es inaccesible.

Cuando eso sucede, el sistema tiene que decidir: ¿cómo actúa en la ausencia de verdad? ¿Presume inocencia? ¿O presume culpabilidad? La respuesta del derecho penal moderno es que presume inocencia. Que en la ausencia de prueba suficiente, el acusado debe ser absuelto.

Pero la película sugiere una pregunta peligrosa: ¿y si la lógica de la verdad es el problema? ¿Y si en lugar de buscar la verdad sobre lo que sucedió, deberíamos buscar formas de reparación que no dependan de la determinación de culpabilidad?

Esto apunta hacia formas de justicia restaurativa, hacia mediación, hacia procesos que se enfoca en el daño causado más que en la culpa. Pero también apunta hacia un debilitamiento de los derechos de defensa, porque si no estamos determinando culpabilidad, ¿por qué necesitamos procedimientos que respeten la presunción de inocencia?

Vivir con la ambigüedad

"Cacería de brujas" termina sin dar una respuesta concreta al enigma central: ¿qué sucedió realmente entre Hank y Maggie? ¿Fue abuso? ¿Fue consenso malinterpretado? ¿Fue ambas cosas simultáneamente?

No lo sabemos. Y la película sugiere que la comunidad de Yale tampoco lo sabrá nunca. Lo que sí saben es que alguien ha sido destruido. Que las relaciones y la confianza institucional han sido envenenadas.

Jurídicamente, esto deja preguntas sin respuesta. ¿Tenemos suficientes herramientas para regular acusaciones públicas que generan daño desproporcionado? ¿Tenemos suficientes mecanismos para proteger tanto a las víctimas como a los inocentes acusados? ¿Podemos diseñar instituciones que sean simultáneamente receptivas a denuncias de abuso, rigurosas en la búsqueda de verdad, y resistentes a la presión política que busca condenas populares?
La respuesta honesta es que no. Que estas exigencias están, hasta cierto punto, en tensión irremediable. Que cualquier sistema que privilegia demasiado a las víctimas corre el riesgo de perseguir inocentes. Que cualquier sistema que privilegia demasiado a los acusados corre el riesgo de dejar impune el abuso real.

Lo que podemos hacer es reconocer esa tensión. Insistir en que tanto la verdad como el procedimiento importan. Rechazar la lógica binaria de culpabilidad total e inocencia total. Y aceptar que vivir en una comunidad democrática significa vivir con ciertas incertidumbres fundamentales, ciertas injusticias inevitables, cierto daño que ningún sistema puede reparar completamente.

La película de Guadagnino es un acto de honestidad moral. No porque ofrezca soluciones, sino porque rechaza mentir sobre lo que el problema realmente es.