Luego de que el gobierno suizo hiciera una excepción a la legislación que establece el secreto bancario en ese país, autorizando a UBS para otorgar al Departamento de Justicia de Estados Unidos información sobre 300 clientes norteamericanos que defraudaron al fisco de su país, el Parlamento de Suiza debatirá la validez y la necesidad del secreto bancario. Un debate sobre la permanencia del secreto bancario surgió en la clase judicial y política suiza  tras la autorización otorgada por la Autoridad de Vigilancia de Suiza (FINMA). El Parlamento debatirá sobre la continuidad del secreto bancario, existiendo entre los legisladores dos posturas muy marcadas. Por un lado, los verdes pretenden que se acabe de manera definitiva con el secreto bancario, mientras que en los ultraderechistas UDC,  postulan la necesidad de blindarlo. Con relación a la transmisión de información relativa a ocho clientes de UBS, el cual es el mayor banco de Suiza, muchos criticaron la lentitud en la actuación del Tribunal Administrativo Federal (TAF), considerando que la prohibición de trasmitir la información de los clientes fue en vano, debido a que los datos habían sido enviados a las autoridades norteamericanas dos días antes de dicha resolución. Por otro lado, el abogado de los clientes de UBS, quienes pretendían evitar que su información fuese remitida a Washington, analiza iniciar un proceso contra la Confederación Helvética como consecuencia de la actuación de la FINMA, a la vez que afirma desconocer que datos fueron enviados.