Un proyecto de ley que pretende prohibir el pago de sumas no remunerativas en los salarios, contempla una modificación al artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo indicando que “los Convenios Colectivos de Trabajo no podrán establecer la existencia de sumas no remunerativas dinerarias, bajo ningún concepto, ni por ningún plazo”.
La iniciativa presentada por el senador Nito Artaza comenzó a ser tratada por la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, habiendo recibido duras críticas de parte de los sectores empresariales en la primera discusión sobre el proyecto, el cual contempla en su primer artículo que el cumplimiento de la modificación a la normativa no podrá implicar una disminución del salario neto del trabajador.
Entre los fundamentos de dicho proyecto, se hace referencia a que el pago de sumas no remunerativas, aquellas que se pagan por afuera del salario básico, contribuye al “desfinanciamiento” de la ANSeS, debido a que sobre tales montos no se descuentan los aportes que el empleador debe realizar para la futura jubilación del empleado.
Ante el contundente rechazo de parte del sector empresarial sobre esta iniciativa, el diputado oficialista Héctor Recalde busca imponer una iniciativa propia que contempla que los empleadores “sólo pueden pactar sumas de este tipo por un lapso no mayor a seis meses”, agregando que transcurrido ese plazo, tales sumas se deben sumar al sueldo básico.
Teniendo en cuenta el impacto fiscal que representaría la aprobación de la iniciativa de Nito Artaza, Recalde pretende que la Comisión de Trabajo del Senado, y el titular de la CGT, Hugo Moyano, alcancen un acuerdo sobre una iniciativa que no perjudique a los trabajadores y resulte aceptable para los empresarios.
Los cuestionamientos sobre el pago de estas sumas se incrementaron a raíz de dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el Máximo Tribunal declaró la inconstitucionalidad de este tipo de pagos.
En el primero de ellos, en la causa “Pérez con Disco”, emitido el 1º de septiembre de 2009, la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 103 bis, inciso c), de la Ley de Contrato de Trabajo, por negar la naturaleza salarial de los vales alimentarios, mientras que en el caso “González con Polimat”, difundido el 19 de mayo último, la Corte declaró la inconstitucionalidad de los decretos 1.273 y 2.641 de 2002 y el 905/2003 dictado por el gobierno de Eduardo Duhalde.
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