Así se refirió, entre otros temas, Ricardo Muñoz de Toro, al responder por las preocupaciones de las empresas a la hora de enfrentar las presiones fiscales

Como en toda época de alta conflictividad se generan dificultades a la hora de celebrar ciertos acuerdos. Ello obedece, en muchos casos, a la imposibilidad de ciertas empresas de cumplir con sus obligaciones y la circunstancia en algunos casos de utilizar el litigio y los tribunales como alternativa de financiamiento.

“Por el momento, estamos lejos de retornar a lo que pasó en 2002-2003”, sostuvo Ricardo Muñoz de Toro.

En una entrevista  concedida a Abogados.com.ar, el socio de Muñoz de Toro Abogados, además se refirió a otras cuestiones que preocupan al sector empresario y que se acentuaron en los últimos meses como la denominada “publicidad interior”.

-Se advierte que hay una fuerte presión fiscal en el país, ¿por dónde pasan las principales consultas sobre el tema?

-La fuerte presión fiscal no es un fenómeno novedoso. Las consultas puntuales tienen que ver con los diversos sectores y sus efectos puntuales, tales como, por ejemplo, los cambios acaecidos en los últimos días sobre el régimen de retenciones a las exportaciones de biocombustibles.

El Gobierno finalmente decidió que estas exportaciones, que en 2011 superaron los u$s2.000 millones, tributen una retención del 19,1%. Hasta hace un mes se ubicaban en un 14,2%, pero luego las elevó a 24,2%, dejando sin rentabilidad a las pequeñas y mediana empresas del sector.

Ahora, el esquema que se propuso es más racional, se publicó el jueves pasado en el Boletín Oficial, las retenciones serán móviles y se revisarán cada quince días.

De modo general continúa siendo una preocupación constante en diversas áreas el hecho que no se permita el ajuste por inflación y su impacto en el impuesto a las ganancias donde, en muchísimos casos, se tributa sobre utilidades ficticias.

-¿Qué puede decirnos respecto a las tasas o impuestos municipales?

-Si bien son cuestiones que no pueden calificarse de novedosas ya que llevan algunos años entre nosotros pero sí que se acentuaron en los últimos meses, tales como la denominada “publicidad interior”  o la “tasa de abasto” que son tasas municipales inconstitucionales que muchos municipios del interior del país tratan de percibir de empresas nacionales e internacionales.

Respecto a la primera,  las leyes o normas tributarias municipales hacen responsable a la sucursal de la empresa en el país por algún folleto o póster que se encuentre colgado en algún local de una tienda multimarca que no es distribuidor, representante ni nada de la misma y pretenden  cobrar a esa marca. Si bien el mismo no es exorbitante, si se multiplica por centenares, la cifra crece rápidamente.

El segundo se lo cobran a camiones que transportan sustancias alimenticias al pasar de un municipio a otro, como tasa de salubridad, en algunos lugares cobran $30 o $50, pero en otros pretenden $12.000 o $15.000. Es surrealista.

-¿Considera que hay un giro en la actividad de los abogados, nota un incremento en la litigiosidad? ¿A qué cree que se debe?

-En general, por la naturaleza del asesoramiento que brindamos en el Estudio no existe un cambio sustancial en el enfoque de los servicios que prestamos tal como aconteció a principios de 2002, donde los litigios, los concursos preventivos o los Acuerdos Preventivos Extrajudiciales (que se crearon en ese momento), entre otras cuestiones judiciales, asumieron una rol protagónico, de gran relevancia en detrimento del asesoramiento corporativo que había sido la “estrella” de los noventa. 

Con todo si se vislumbra una mayor conflictividad, generándose dificultades a la hora de celebrar ciertos acuerdos  y, por tanto, una mayor importancia del área de litigios y solución de controversias.

Ello obedece, en muchos casos, a la imposibilidad de ciertas empresas de cumplir con sus obligaciones y la circunstancia en algunos casos de utilizar el litigio y los tribunales como alternativa de financiamiento –aún cuando sea costosa- ya que la solución del planteo judicial que le efectúa su contraparte demorará varios años. Empero, por el momento, estamos lejos de retornar a lo que pasó en 2002-2003.

-¿Qué áreas tiene mayor actividad en el Estudio, debieron realizar rotación de personal hacia las mismas? 

-Por lo expuesto al responder la pregunta anterior, no hay tal rotación. Desde luego si existe una menor actividad en materia de emisiones internacionales de valores negociables (tanto sub-soberanos como corporativos), generada por una diversidad de razones que van desde la propia situación de los mercados de capitales internacionales y la volatilidad que presentan pasando por cuestiones puntuales de la Argentina que tienen que ver, en general, con un clima poco propicio para la concreción de negocios tales como una mayor ingerencia del Estado en la regulación de las actividades económicas y las secuelas que subyacen  a partir de la denominada estatización de YPF.

-¿Qué impacto tuvieron las restricciones cambiarias y las últimas normativas de la Comisión Nacional de Valores?

-En materia de valores negociables la Resolución General Nº 597 de la Comisión Nacional de Valores que comenzó a regir el 1º de marzo de 2012 y prohibió recurrir al método de colocación de valores negociables conocido como book entry  (que en el caso de bonos corporativos se utiliza en todo el hemisferio occidental) tornando imperativo recurrir al sistema denominado Dutch option coadyuva en ese camino, al disponer prácticas ajenas a los estándares del mercado internacional.

Algunos de estos factores, sumado a, por ejemplo, las mayores restricciones cambiarias y las limitaciones a la distribución de dividendos a accionistas domiciliados en el exterior afectan significativamente las operaciones de compra venta de empresas y/o activos en los que el comprador resulte un extranjero, con la consecuente disminución de esta área de trabajo, efecto parcialmente compensado por el asesoramiento a compradores que –en base a una tasa de retorno muy elevada- efectúan inversiones de riesgo así como extranjeros que venden sus empresas y/o activos situados en el país.