La Cámara del Crimen decidió anular un allanamiento llevado a cabo por miembros de la policía federal, por haberse efectuado sin la correspondiente orden judicial. Los magistrados, decidieron dejar sin efecto dicho allanamiento, pese a que la persona en cuyo domicilio se efectuó el procedimiento, había consentido en que el mismo se concretara. Los miembros de la Sala IV, consideraron que para que el consentimiento otorgado por el titular del domicilio tenga efecto, de tal manera que pueda validar el registro domiciliario, el mismo, debe ser prestado de una forma tal de que no queden dudas sobre la libertad del individuo al momento de expresar su autorización. Los camaristas, consideraron que en el caso en cuestión, no se configuraron razones de urgencia, las cuales justificaren la realización del procedimiento sin solicitar la orden de allanamiento correspondiente. Según lo expuesto por los letrados, la protección de una garantía constitucional, impone la declaración de nulidad del procedimiento policial. Los jueces, resaltaron que los policías que efectuaron el allanamiento, dentro del marco de la investigación de una causa por robo, notificaron al juzgado correspondiente, luego de que se haya producido el ingreso al domicilio, así como también, la detención del imputado. Los magistrados, consideraron que la acción de la persona cuyo domicilio fue allanado, consistente en permitir el acceso de los policías, no puede ser interpretada como la libre decisión de liberar un ámbito de intimidad a la acción del funcionario público.