El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta, una vez más, su preocupación por la gravedad institucional que reviste la persistente secuencia de ataques de parte de autoridades nacionales, tanto al Poder Judicial como órgano de poder independiente y a los jueces en particular.
Este fin de semana, durante la transmisión televisiva de partidos de futbol solventados con fondos del Fisco Nacional, las organizaciones de la Coalición por una Radiodifusión Democrática utilizaron ese espacio en el canal público para convocar a una movilización desde el Congreso Nacional hasta el edificio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reclamo de la puesta en vigencia de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
De un tiempo a esta parte, de manera sistemática y prácticamente a diario, desde el ámbito oficial vinculado al partido gobernante se vienen exteriorizando diatribas y descalificaciones al Poder Judicial. Conducta que, a su vez, se ha traducido en desembozadas presiones a magistrados que intervienen en causas judiciales que resultan sensibles a los intereses del Gobierno Nacional.
El empleo de un medio televisivo estatal con el objetivo señalado, constituye un gravísimo acto de intimidación que, además, inaceptablemente confunde la órbita pública y privada en la administración de los recursos del Estado.
Lamentablemente, estos hechos deben considerarse también a la luz de inauditas declaraciones de la Presidente de la Nación realizadas a través de una red social desde Nueva York, donde participa de la Asamblea de las Naciones Unidas. Por ellas agravia no sólo al Poder Judicial en su conjunto sino también a jueces que dictaron resoluciones contrarias a las pretensiones del Poder Ejecutivo.
La creciente espiral de amenazas de la cual vienen siendo objeto el Poder Judicial y distintos magistrados, hace insoslayable repudiar todo intento que procure perturbar la independencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza de dicho Poder del Estado, así como también la de los magistrados a cargo de tribunales inferiores; afectación en la que, a su vez, se lesiona no sólo el rol institucional sino también la irremplazable e intransferible función que a éstos asigna la Constitución.
Dada la gravedad de la situación, exhortamos al Congreso de la Nación a convalidar con su accionar la defensa del orden institucional, la plena vigencia de la separación de poderes y la custodia del Estado de Derecho.
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