Por Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

La usurpación del Parque Indoamericano y los violentos incidentes que se produjeron en ese episodio son hechos que por su magnitud y gravedad constituyen un severo llamado de atención debido a que, impulsado por consideraciones de confrontación política, el Estado Nacional ha claudicado en el ejercicio de una de sus funciones mas esenciales que es garantizar la vida, la integridad y seguridad física de sus habitantes.

El déficit en la respuesta del gobierno nacional ante esta perturbadora circunstancia ha coadyuvado a que la misma se replique peligrosamente en nuevas ocupaciones, no ya del espacio público sino también de propiedad privada, con la amenaza de proseguir extendiéndose en tanto se insista en eludir el cumplimiento de la ley.

La sesgada visión con la que el Poder Ejecutivo Nacional registra la realidad, demuestra ante todo su manipulación tras el cometido de subalternos fines políticos. En el caso, cuanto menos, ha preferido la desvalorización y confrontación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en vez de privilegiar la búsqueda del dialogo fecundo que permitiera reencauzar a la normalidad la emergencia que ya ha adquirido características de crisis social.

Lo que aquí está en vilo es la seguridad física y jurídica.  Es innegable que uno de los derechos humanos fundamentales es el de la vida, la seguridad e integridad física. Mas allá de su discurso, e impulsado por una combinación de mezquindades políticas, prejuicios ideológicos y un falso garantismo, el Estado Nacional ha abandonado a su suerte a vastos sectores de la población que sufren el embate de estas ocupaciones y ataques personales. Ello constituye una grave violación a los derechos humanos.

Tras los sucesos en cuestión subyace la causa profunda de la pobreza y la marginación. Esa deuda social que mantiene la Argentina exige reformular las políticas sociales  que  se han venido implementado hasta el presente. Resulta  impostergable su revisión. De su crítica ponderación deben surgir Políticas de Estado que, entre otros aspectos, hagan eje de manera sustantiva en la cultura del esfuerzo y el trabajo, en la educación, la erradicación de la desnutrición, la salud y en la igualdad de oportunidades ante la ley. Para ello es indispensable erradicar definitivamente de la política argentina el clientelismo electoral y la corrupción en la gestión de los asuntos públicos, que deben ser identificados como causa principal de este flagelo.  Asimismo es imprescindible rescatar como regla esencial de convivencia que los reclamos de cualquier clase y no obstante de quienes provengan deben siempre hacerse dentro del marco de la ley, siendo una función impostergable de los gobiernos asegurar su cumplimiento.

Hoy, es tiempo de hacer un llamado a la paz social. También de exhortar a todo el arco político a que deponga actitudes parciales y partidistas,  y se alinee sin fisuras tras un objetivo superador, haciendo oír su voz, exigiendo la práctica del respeto de la ley y la plena vigencia de las instituciones.