En los últimos años se ha hablado mucho de cambio climático, actividades sostenibles, economía circular, reciclaje… pero detrás de todo eso hay algo que nos toca más de cerca: el trabajo.

¿Cómo cambia el empleo cuando la economía se vuelve más sostenible?, ¿Qué pasa con los puestos tradicionales y qué nuevas oportunidades se abren?

De eso se trata el concepto de “empleo verde”, una idea que combina la protección del medio ambiente con el trabajo y la protección de derechos fundamentales.

Y para ayudarnos a entender de qué hablamos cuando hablamos de empleo verde -y qué está haciendo Uruguay en esta materia- en la tarde de hoy nos acompaña la Dra. Gisella Tejera Guillén del Departamento Laboral del Estudio Posadas.

• Empecemos con lo básico. Cuando hablamos de “empleo verde”, ¿de qué estamos hablando exactamente?

Un empleo verde es, en palabras simples, aquel trabajo que contribuye a cuidar el medio ambiente y al mismo tiempo respeta los derechos laborales. Tiene que ver con una “conciencia medioambiental”, pero no alcanza con que una determinada tarea sea “ecológica” si detrás hay malas condiciones de trabajo. Por ello, el empleo verde funciona como una herramienta para articular el desarrollo económico, la preservación del medio ambiente y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.

Por ejemplo, alguien que trabaja en reciclaje cumple un rol ambiental clave, pero si lo hace sin cobertura de seguridad social, no podemos decir que es un empleo verde.

• ¿Y qué lugar ocupa Uruguay en este tema? ¿Tenemos empleos verdes realmente?

Sí, y cada vez más. En 2021 ya se estimaban más de 89.000 empleos verdes en Uruguay, especialmente en sectores como el agropecuario, el de energías renovables y el de gestión y tratamiento de residuos. 

Nuestro país tiene una ventaja: más del 90% de la electricidad proviene de fuentes renovables, sobre todo de la hidroelectricidad y la energía eólica. Esta transformación no solo redujo emisiones, también generó empleo técnico y especializado en áreas nuevas.

En este contexto y si bien hay políticas públicas que promueven la sostenibilidad, la realidad es que el cambio climático ya está afectando sectores como la agricultura, la pesca y la construcción, con consecuencias directas en el empleo. Además, hay colectivos especialmente vulnerables: trabajadores rurales, migrantes, jóvenes sin capacitación, personas con discapacidad. Por esto es importante que la transición ecológica contemple a todos ellos y, justamente, no queden rezagados.

• Suena prometedor. Pero también imagino que hay desafíos…

Totalmente. Uno de los mayores desafíos es la reconversión laboral. Es decir, el proceso que permita la capacitación, orientación y reinserción de los trabajadores en sectores y actividades sostenibles. Esto es importante sobre todo teniendo en cuenta que a medida que avanzamos hacia una economía más sostenible, van a aparecer nuevos empleos que exijan la capacitación de trabajadores en nuevas tecnologías y procesos. 

Otro de los desafíos es el asegurar condiciones de trabajo óptimas o alineadas al concepto de empleo verde. Como ya adelanté, no todo empleo verde es automáticamente “bueno”. Por ejemplo, hay sectores como el reciclaje que, aunque ambientalmente sean valiosos, se desarrollan en condiciones de insalubridad. Por ello es importante, contemplar en estos sectores las condiciones del empleo.

• ¿Y cómo se está trabajando eso en Uruguay? ¿Hay políticas o normas que lo impulsan? 

Sí, hay avances importantes.

Desde 2022 se aplica la Estrategia Nacional de Economía Circular, que promueve empleos formales en reciclaje y valorización de residuos, a partir del uso circular de los recursos. También hay planes como el Plan Nacional de Gestión de Residuos, la Estrategia Nacional de Bioeconomía y la de Prevención y Reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, recientemente aprobada, que apuntan a una producción más sostenible.

En 2025 se aprobó el Decreto N° 042/025 de fecha 20 de febrero de 2025, que establece un plan de bioinsumos agropecuarios para fomentar y contribuir en el desarrollo sostenible.

También existe la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) -Ley N° 19.969- que permite a las empresas integrar el impacto ambiental en su modelo de negocio. A diferencia del modelo societario tradicional, las sociedades BIC no se limitan a la generación de lucro, sino que incorporan como principio clave la integración de la sostenibilidad ambiental al modelo de negocios. La normativa establece la obligación anual de elaborar y presentar informes de impacto, que demuestren el cumplimiento de los compromisos socioambientales asumidos.

Al mes de setiembre de 2025, ocho sociedades BIC habían presentado sus reportes ante la Auditoría Interna de la Nación, entre otras, la sociedad ABITO.

En lo laboral, Uruguay ratificó convenios internacionales de la OIT que refuerzan la prevención en materia de salud y seguridad en el trabajo y la mejora continua de las condiciones laborales frente los efectos del cambio climático (por ejemplo, los convenios 155, 184 y más recientemente el N° 187, ratificado en junio de 2025).

Otro ejemplo concreto es el Decreto N° 38/022, de fecha 24 de enero de 2022, que establece un protocolo para tareas rurales en condiciones meteorológicas adversas. Si hay riesgo climático, se suspenden las actividades para proteger a los trabajadores. Aunque esto aplica solo al ámbito rural, marca un paso importante hacia una cultura de prevención que tal vez debería extenderse a otros sectores.

Y también desde el Ministerio de Trabajo, junto con la OIT, se impulsa el programa PAGE Uruguay, que busca poner la sostenibilidad en el centro de las políticas económicas.

• ¿Qué rol tienen las empresas cuando hablamos de estos temas?

Las empresas tienen una oportunidad enorme de liderar esta transformación. Incorporar criterios que llamamos “ESG” -ambientales, sociales y de gobernanza- no solo mejora la reputación, sino que puede atraer inversión y talento.

Los criterios ESG se traducen en acciones concretas. En lo ambiental, hablamos de reducir el impacto que generan sus actividades en el entorno, por ejemplo, al controlar las emisiones contaminantes, cuidar el uso de energía y gestionar los residuos de forma responsable. En lo social, se trata de promover buenas condiciones laborales, garantizar la inclusión y la diversidad, y cuidar el bienestar de los empleados. Y en gobernanza, implica actuar con ética, ser transparentes y tomar decisiones responsables desde la dirección de la empresa.

Además, las empresas tienen un rol activo: deben evaluar cómo afectan al medioambiente con lo que hacen y apostar por capacitar a sus equipos de trabajo. 

• ¿Qué puede hacer el Estado?

El Estado tiene un rol clave como regulador, promotor y garante. Algunas de las acciones necesarias podrían ser:

• Crear incentivos fiscales para empresas que generen empleo verde.
• Financiar programas de formación técnica inclusiva.
• Promover la certificación de competencias verdes.

Entendemos que la regulación de estos temas sin entender bien cómo evolucionan los sectores involucrados puede frenar la innovación, por ello la clave está en acompañar estos cambios sin obstaculizar.

Y para cerrar, vale la pena también destacar que todavía no hay una definición única y universal de lo que se considera “empleo verde”. Esto genera desafíos concretos, como la dificultad para elaborar estadísticas precisas o comparar avances entre distintos países. Cada Estado puede tener criterios distintos, lo que complica medir el impacto real de estas iniciativas en el mundo laboral.ç

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Por Gisella Tejera Guillén