A esta altura, es bien sabido por todos que la protección del medio ambiente es uno de los principales desafíos de la humanidad. Lo que antes parecía una discusión teórica, hoy es una realidad tan perentoria como preocupante.
Nuestra Administración no ha sido indiferente a estos temas. De hecho ha impulsado una serie de acciones y lineamientos políticos tendientes a la prevención, precaución, responsabilidad y sostenibilidad del medio ambiente. Algunos de ellos han sido recogidos en la última Ley de Presupuesto que venimos comentando desde este Newsletter.
En esa línea, la ley que nos ocupa ha establecido la responsabilidad solidaria (civil y administrativa) de los propietarios y arrendatarios (entre otros) de bienes inmuebles afectados a actividades, construcciones u obras que requieran de un estudio de impacto ambiental. Vale decir, esos propietarios o arrendatarios van a pasar a responder por las omisiones relativas al mencionado estudio (aun cuando ellos no sean los titulares del proyecto, sino tan sólo los titulares arrendatarios o poseedores del inmueble donde el proyecto se asienta).
De esta manera, la ley amplía el elenco de responsables ante infracciones contra la normativa ambiental, en una iniciativa que, al menos, está llamada a reforzar la concientización de un tema que es de todos.
Por Juan Ignacio Torres Negreira y Domingo Pereira
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