Por medio de una carta remitida a la Bolsa de Comercio porteña, el Banco Macro comunicó su decisión de no continuar con la compra del Banco Privado de Inversiones (BPI), amparándose para ello en la caducidad de los plazos previstos originariamente para su concreción, estando ello establecido en un máximo de 120 días.

A pesar de las explicaciones brindadas por la entidad, aunque evitaron mencionarlo, la decisión se produjo luego de que unos días atrás se supiera que la Unidad de Información Fiscal (UIF), presidida por José Sbatella, había presentado una denuncia para que se sean investigadas nueve operaciones sospechosas que los accionistas del BPI habrían realizado para capitalizar esa entidad.

Dicha denuncia presentada ante el fiscal de la Cámara de Casación Penal y titular de la unidad fiscal de lucha contra el lavado de dinero, Raúl Plee, se produjo luego de que las autoridades de la UIF ante el inminente traspaso del BPI al Macro, giraran las observaciones que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había realizado a tales operaciones en una investigación que comenzó dos años antes, para poder cumplir con la obligación que le fija la ley, evitando con ello posibles imputaciones posteriores por no haber actuado.

Luego de la oficialización de la denuncia, el Banco Macró desistió de su intención de comprar el 100% del capital y votos de Banco Privado de Inversiones (BPI), frustrándose de esta manera su tercer intento de adquirir el control de esa entidad.