El 3 de junio de 2021, el Presidente de Estados Unidos Joseph R. Biden, Jr. anunció un memorándum sobre el estudio de seguridad nacional relacionado a la lucha contra la corrupción.
El anuncio establece que combatir la corrupción es “esencial para la preservación” de la democracia y el futuro de Estados Unidos y que la corrupción es un “riesgo” para la “seguridad nacional” de Estados Unidos.
A través del memorándum, el presidente Biden está “ordenando a los departamentos y agencias que hagan recomendaciones que fortalezcan significativamente la capacidad del gobierno de Estados Unidos para combatir la corrupción”.
Adicionalmente, el presidente Biden sostuvo que “Estados Unidos liderará con el ejemplo y luchará contra el flagelo de la corrupción junto con sus aliados, la sociedad civil y el sector privado”.
El memorándum “establece que la lucha contra la corrupción es un interés de seguridad nacional fundamental para Estados Unidos” y requiere a las agencias gubernamentales que, en el plazo de 200 días, realicen una revisión y emitan un informe con recomendaciones sobre cómo Estados Unidos y sus socios pueden:
- Modernizar, coordinar, y asignar recursos a la lucha contra la corrupción.
- Impedir el financiamiento ilícito.
- Responsabilizar a los corruptos.
- Construir alianzas internacionales.
- Mejorar la cooperación internacional.
El Fact Sheet de la Casa Blanca sobre el memorándum destaca que el este “requiere a los departamentos y agencias que: identifiquen y, cuando sea necesario, establezcan nuevas estructuras y designen personal; mejoren la recopilación y el análisis de información de inteligencia, y aumenten los recursos destinados a enfrentar la corrupción en el país y en el extranjero”.
Además, el Memorándum “requiere a los departamentos y agencias que trabajen con socios que tengan una mentalidad afín a través de Naciones Unidas (ONU), el G7, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y otros organismos similares, para contrarrestar la corrupción estratégica proveniente de gobiernos autocráticos y cleptocráticos, de empresas de Estados extranjeros o empresas afiliadas, y de organizaciones delictivas trasnacionales. Este trabajo también abarca la eliminación de lagunas normativas que son aprovechadas por esos actores para encubrir el provecho de la corrupción o interferir en los procesos democráticos”.
Estas declaraciones muestran que el gobierno de Estados Unidos tiene el objetivo claro y preciso de fortalecer la lucha contra la corrupción “en ese país y en el extranjero”.
En ese marco, es posible y probable que aumenten los casos de aplicación de la FCPA de Estados Unidos (US Foreign Corrupt Practices Act).
Consecuentemente, puede ser especialmente relevante que las empresas que operan en Latinoamérica y, particularmente, en Argentina revisen las operaciones, los riesgos relacionados a corrupción y la efectividad de los programas de compliance.
Por Gustavo Luis Morales Oliver y María Agustina Testa
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