La Resolución N°19/2023, publicada en el Boletín Oficial el pasado 16 de enero, creó la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal. Dicha Unidad tendrá por objeto:

• Coadyuvar en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos ambientales que se desarrollen dentro del territorio nacional ya sea que afecten la flora, fauna, suelo, aire, aguas y/o espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional.
• Recolectar y sistematizar información sobre los delitos ambientales cometidos en el territorio nacional, proveniente tanto de fuentes abiertas, como de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.
• Desarrollar indicadores y elaborar informes periódicos que sirvan de insumo para el trabajo en el ámbito de la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales y a solicitud de otras áreas del Ministerio de Seguridad.
• Elaborar un mapa de situación, a fin de detectar “zonas calientes”, individualizando los delitos por zonas con la finalidad de proponer medidas tendientes a la prevención de los Ilícitos ambientales, a través de la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales.
• Coordinar el intercambio de información existente entre las áreas competentes en materia ambiental de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, para la generación de indicadores de alerta temprana respecto de la comisión de delitos ambientales.
• Suministrar apoyo técnico-administrativo para el funcionamiento de la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales, producir actas y documentación respaldatoria de lo trabajado en ese ámbito, y gestionar la designación de los representantes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que participen de la misma, de acuerdo a los criterios establecidos en la norma.
• Tomar vista y analizar las causas judiciales en materia de delitos ambientales a fin de identificar oportunidades de mejora de los procedimientos seguidos por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

A su vez, creó la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales que tendrá por objeto principal detectar y prevenir las diferentes manifestaciones de los delitos ambientales, como de otros delitos previstos y penados por el Código Penal de la Nación Argentina que concurran con el delito principal, para un abordaje integral y multiagencial de la investigación de los mismos.

En ese marco, se aprueban las funciones de la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales que, principalmente, son:

• Conformar grupos de trabajo, en pos de poner en común información y realizar análisis de coyuntura o de situaciones específicas con miras a coadyuvar en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos ambientales, como de otros delitos previstos y penados por el Código Penal de la Nación Argentina que concurran con el delito principal. Para ello, se podrán utilizar como insumos los informes, diagnósticos y mapas de situación elaborados por la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales, y toda otra información que se considere oportuna.
• Proponer, diseñar e impulsar acciones y estrategias de prevención e investigación de delitos ambientales.
• Proponer mejoras en el marco normativo y en los protocolos de actuación de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.
• Evaluar y proponer mejoras sobre los informes y demás producciones de la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales.

El titular de la Unidad tendrá a su cargo la conducción de la Mesa de Evaluación que será convocada a fin de mantener reuniones periódicas en favor del cumplimiento de los objetivos establecidos anteriormente. La Mesa estará compuesta por representantes de (a) la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales; (b) la Dirección Nacional de Investigación Criminal; (c) la Dirección de Investigación de Delitos Federales; (d) la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal; (e) las direcciones, departamentos y/o áreas especializadas en materia ambiental de Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria; (f) todo otro personal de entidades estatales, nacionales o provinciales y/u organizaciones de la sociedad civil competentes en la materia cuya invitación se encuentre fundada conforme a la problemática tratada.

Por Manuel Frávega