Ante la presentación de una acción de amparo en la que un usuario cuestiona la resolución de la Secretaría de Comunicaciones que declaró la caducidad de la licencia de Fibertel S.A. para la prestación del servicio de Internet, la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó como medida previa al tratamiento de la cautelar solicitada, que el Estado informe si se encuentra asegurada la continuidad del servicio.

En la causa “Rizzi, Laura María c/ E.N. s/ Amparo Ley 16.986”, la actora presentó una acción de amparo con el objeto de obtener la declaración de ilegitimidad e inconstitucionalidad de la Resolución Nº 100/2010 de la Secretaría Nacional de Comunicaciones, en cuanto le impone la obligación expresa de emigrar del servicio de transición de datos que presta Cablevisión S.A. a través de Fibertel S.A., al declarar la caducidad de la licencia para prestar los servicios que posee contratados.

En su demanda, la actora calificó a la Resolución 100/2010 de la Secretaría Nacional de Comunicaciones como abusiva, señalando que viola su derecho a contratar libremente su servicio de Internet, a la vez que cuestiona tal normativa sosteniendo que “viola su derecho de propiedad, por impedir usar recursos, del modo que considera más eficiente para facilitar su derecho a trabajar; considerando que ninguna autoridad la puede obligar a migar de la prestadora del servicio, salvo que le acrediten que Cablevisión S.A. violó alguna norma que hace a la licitud en el ejercicio de sus derechos”.

Ante dicho reclamo, la jueza Rita Ailán, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4, consideró pertinente, previo a todo trámite, requerir al Estado Nacional (Secretaría Nacional de Comunicaciones) que en el plazo de diez días hábiles informe en forma circunstanciada si se encuentra asegurada la continuidad de la prestación del servicio de Internet a la actora, en las mismas condiciones y modalidades que actualmente recibe por parte de Fibertel S.A.

De acuerdo a la resolución, el pedido para que el Estado informe sobre la continuidad de la prestación del servicio de Internet, se trata de una medida previa al tratamiento de la solicitud de medida cautelar peticionada por la actora en la demanda.