Durante la tarde de hoy, la presidenta Cristina Fernández llevará a cabo la presentación de un informe sobre la adquisición por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón de las acciones de Papel Prensa durante el último gobierno militar, estimándose que desde el Gobierno Nacional denunciarán ante la Justicia la ilegalidad de dicha operación.
Con la presentación del informe oficial llamado “Papel Prensa: la verdad”, el Ejecutivo amenaza con quitarle el control de la empresa de capital mixto a los socios privados, quienes descalificaron la veracidad de dicho informe, advirtiendo sobre un intento del Gobierno para controlar la información.
Mediante el informe que tiene alrededor de 20 mil fojas, se deja constancia sobre la existencia de “pruebas irrefutables de complicidad entre la dictadura militar y los dueños de los diarios Clarín, La Nación, y La Razón”, según sostuvo la directora titular del Estado en Papel Prensa, Beatriz Pagleri, agregando a ello que las acciones de la familia Gravier habían sido compradas “bajo los tristemente célebres métodos del terrorismo de Estado”.
Luego de la presentación del informe, se supone que la Presidenta dará órdenes al Procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, para denunciar penalmente a los representantes de los diarios, entre quienes se encuentran Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, existiendo la posibilidad de que sean acusados por delitos de lesa humanidad, a la vez que también se espera que se reclame a la Justicia que invalide la operación comercial llevada a cabo hace 35 años.
Sin embargo, el Gobierno recibió un revés judicial en el día de ayer, ante la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de anular una resolución dictada por la Comisión Nacional de Valores que había declarado como “irregulares e ineficaces” decisiones tomadas por el directorio de Papel Prensa, señalando la resolución que Papel Prensa “vio afectado su derecho de defensa”, así como que “no medió posibilidad para que la sociedad pudiera ser oída” y que “resulta evidente que el trámite administrativo seguido por la CNV adolece de los mismos defectos que tuvo ocasión de evaluar el Tribunal en oportunidad de dictar la nulidad de la resolución 16.222”.
Por su parte, los accionistas privados de Papel Prensa, presentaron un extenso informe con su versión de los hechos, señalando que “la ambición del Gobierno es manejar el abastecimiento local de papel para diarios”, haciendo referencia a que dicho manejo junto con el control de las importaciones, pondría en sus manos un decisivo poder de presión sobre los medios gráficos.
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