El Banco Central de la República Argentina (BCRA) reglamentó ayer la ley 26.637, denominada “anti-salideras”. Los puntos relevantes: la instalación de barreras visuales en las líneas de caja -ya estaba reglamentado por el ente oficial- y también de cajeros, las nuevas condiciones de los tesoros blindados para cajas de seguridad, y la inhibición de señales de celulares.

El vicepresidente de la entidad, Miguel Pesce, fue el encargado de anunciar la instrumentación de los tres puntos de la norma. Respecto de los mismos, el BCRA se enfocará sobre todo en las pautas para que los bancos apliquen los dos últimos puntos.

En cuanto a los celulares, indicó Pesce que no existen equipos hoy en día que garanticen la seguridad de que no se daña la salud de las personas, ni inhiban otros dispositivos de seguridad que estén fuera de la sucursal. En virtud de ello, la ley establece que no se podrá aplicar el bloqueo de señales de aparatos móviles debido a la inexistencia de una tecnología que no afecte los derechos de terceros fuera de la sucursal, ni interfieran en otros dispositivos de seguridad.

Tal regulación se ha interpretado como un pase de la pelota a los bancos para que garanticen la prohibición del uso de celulares dentro de cada entidad. Aunque el organismo propuso cinco alternativas, correrá por cuenta de cada entidad encontrar un mecanismo adecuado.

Los sugeridos por el BCRA fueron: “la retención por parte de personal de seguridad y/o de la entidad con guarda individualizada del teléfono celular en ocasión del acceso a ese recinto; ingreso con el equipo en bolsas precintadas con mecanismos que impidan su apertura, recubiertas o no con material aislante de la señal de comunicación; contenedores radioeléctricos (tipo “Jaula de Faraday”); detectores de señales de terminales de telefonía móvil y similares; dispositivos inhibidores o bloqueadores de dichas señales”.

En caso de no elegir alguna de ellas, las entidades tendrán un plazo hasta el 30 de abril -fecha en el que empieza a regir la norma- para presentar al BCRA un plan con medidas alternativas que deberá ser aprobado.