La falta de credibilidad de la ciudadanía respecto a la idoneidad y valores de ciertos magistrados, es la primera cuestión que hoy debe resolver el Gobierno Nacional con el apoyo de los jueces probos y de nosotros los abogados. Este descontento se percibe claramente en hechos conocidos, como por ejemplo, la suspensión de los pedidos de juicio político por enriquecimiento contra el camarista federal penal Eduardo Freiler por instrucción de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner a los consejeros de la Magistratura que aún hoy le son afín o la reciente marcha del 20 de junio pasado frente a los Juzgados de Comodoro Py donde un grupo muy importante de personas reclamamos el avance en el trámite de las causas y denuncias por corrupción contra los ex funcionarios del Gobierno anterior. Hoy se impone como primer paso la recuperación de esa imagen desgastada de la Justicia. 

Hay que atacar las causas que han generado corrupción dentro del ámbito judicial y que además han politizado su labor. Las primeras planas de nuestros periódicos dan cuenta a diario de las irregularidades, desmanejos y lentitud en las investigaciones más sensibles por parte de jueces que deberían ser removidos por el mal desempeño de sus funciones. 

La solución para mejorar el funcionamiento y la imagen del Poder Judicial hoy no es el traspaso de los Juzgados Nacionales a la Ciudad de Buenos Aires, como trata de impulsar el Gobierno del Presidente Macri. La denominación o cambio de status de un magistrado no modificará las causas que han provocado demoras o cuestionamientos en los trámites judiciales a su cargo.

Mucho se ha escrito sobre la constitucionalidad del status de la Ciudad de Buenos Aires y de los alcances de la denominada “Ley Cafiero”, así como de la inamovilidad de los jueces y otros aspectos jurídicos que exceden el objeto de estas líneas. Existen cuatro proyectos para ser tratados en el Congreso sobre el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad que enfrentan serios escollos prácticos y su puesta en funcionamiento los tornarán inviables o imperfectos, lo que afectará aún más el servicio de justicia que nos merecemos quienes ejercemos nuestra profesión en la Ciudad de Buenos Aires.

La Cámara de Diputados ya tiene a estudio, dentro del marco de la iniciativa “Justicia 2020”, la transferencia de todos los Tribunales que componen la Justicia Nacional Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio Público al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los Juzgados que hoy se quieren transferir ejercen una jurisdicción que abarca materias y habitantes de otras provincias. Existe un número importante de sociedades comerciales con domicilio social en esta Ciudad y actividades o industrias radicadas en el interior del país. Sus concursos, quiebras o juicios por despidos también son competencia de los Juzgados Nacionales radicados en esta Ciudad. Innumerable cantidad de accidentes de tránsito ocurridos en otras localidades del interior del país se resuelven en esta Capital por ser el domicilio de las compañías aseguradoras. 

Frente a esta realidad, adhiero a la tesis de la transferencia de competencias, que de hecho se encuentra en marcha desde hace algunos años en lo atinente a la materia contravencional. Entiendo que esta vía es la más apta para lograr una consolidada autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en lo atinente a la justicia que involucra a sus vecinos. La Legislatura local debería instrumentar sin demoras una justicia vecinal, sin ningún convenio de transferencia. La puesta en marcha de estos Tribunales podría incluir la inmediata asunción de competencia en los conflictos de propiedad horizontal, medianería, desalojos, violencia familiar, fuero de consumo previsto en la ley 26.993 y causas de determinada cuantía, que comprenderían la primera etapa de la consolidación de una justicia local.

Hoy el Gobierno Nacional no tiene que gastar sus energías en ese traspaso ni pensar que ello puede mejorar la imagen de la Justicia. Debe existir la decisión política de combatir la corrupción sin demoras, modificar la ley del Consejo de la Magistratura para equilibrar los estamentos evitando la preeminencia del sector político y hacer una reforma importante en los códigos de procedimiento que permitan asimilar todos los cambios electrónicos existentes para lograr la implementación del expediente electrónico, lo que reduciría significativamente la cantidad de años que dura cualquier proceso judicial escrito.

En este último sentido, es significativo el acuerdo entre el Ministerio de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dentro del programa Justicia 2020 que puso en marcha un proyecto para generalizar la oralidad de los procesos civiles en esa jurisdicción. A través de la inmediación de los magistrados y la concentración de prueba en audiencias orales con el fin de acortar los procesos y la video grabación de ellas, los jueces procuran conciliar a las partes, depuran la prueba ofrecida por éstas y organizan un plan de trabajo. La reducción en el plazo de los juicios ayudará a generar una mejor imagen de la Justicia, hoy devaluada. 

Los abogados también debemos comprometernos con este cambio.

El traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires debe quedar para otra oportunidad.