La oposición intentará anular el aumento. Si lo logra, será un golpe parecido a la Resolución 125. Enargas pide a las distribuidoras que generalicen exenciones. El aumento del gas, que abarca a 1,2 millones de hogares y más de $ 1.300 millones anuales, será esta semana el principal contrapunto entre Gobierno y oposición. Según se vote en el Congreso por su interrupción o continuidad, esa cifra será costeada por los hogares de mayor consumo gasífero (como ahora) o el Estado Nacional (mellando el ya disminuido superavit fiscal). Ayer a última hora, el secretario de Energía –Daniel Cameron– y el titular del Enargas –Antonio Pronsato– ensayaban ante los senadores del Frente para la Victoria para su presentación de hoy, donde se verán con la Comisión de Energía de la Cámara Alta, incluyendo legisladores de todos los partidos. Los acompañarán el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, y el responsable legal de esa cartera, Rafael Llorens. Gerardo Morales, senador por la UCR, anticipó el clima que vivirán señalando que la aplicación del Cargo Gas es “excesiva”, y que se carece de una “política energética. Es una imposición, no se trata de un incremento sino de un impuesto”. Al igual que con el waterloo de la administración Kirchner, la Resolución 125, el Senado será la cámara más adversa para el oficialismo. Las nuevas tarifas consagradas en el decreto 2067/2008, que aumentaron para 1,2 millones de hogares y excluyeron de la suba a 5,47 millones (según Planificación, ver gráfico), pueden ser una prueba clave del margen de gobernabilidad que tendrá Cristina Fernández hasta el final de su mandato. Si el oficialismo pierde en la Cámara Alta, será porque algunos senadores votarán contra lo que sus provincias firmaron hace menos de dos semanas: el aumento del gas en boca de pozo. El “Acuerdo de Cumplimiento de Inversiones, Recuperación de la Actividad y Garantía de la Paz Social” fue firmado entre la presidenta y los gobernadores de Chubut, Neuquén, Salta, Mendoza, La Pampa, Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego. “La mitad del dinero incluido en ese acuerdo (u$s 300 de u$s 600 millones anuales) viene del Cargo Gas, y se garantizan tanto los aumentos salariales del sector como la estabilidad de 4.000 puestos de trabajo”, recordó ayer una fuente de Planificación, que también se mostró indignada porque el senador chubutense Marcelo Guinle –alineado políticamente con su gobernador Mario Das Neves– anticipó que pedirá modificaciones al tarifazo. El impacto de Guinle será cuanti y cualitativo. Porque podría impedir que el oficialismo alcance quórum propio; aunque tiene chances de recuperarlo con los fueguinos María Rosa Díaz y José Martínez (del ARI), entre otros legisladores de provincias productoras de gas. Pero la rebeldía de Guinle podría volverse ejemplo para algunos de sus pares oficialistas. En cambio, la Cámara de Diputados parece una batalla perdida para la oposición. Este jueves habrá una reunión con buena prensa, pero votar sobre tablas contra el Cargo Gas parece difícil. “En el recinto es muy probable que perdamos, no nos da el número”, admitió un legislador de Coalición Cívica. En paralelo a la disputa legislativa, sigue la judicial, con fallos anti–tarifazo que se acumulan a diario. Ayer la distribuidora riojana Ecogas admitió que “acatará” el fallo de la Justificia Federal de esa provincia para cobrar sus facturas sin aumento; mientras que el Poder Ejecutivo de San Luis presentó un recurso de amparo pidiendo la suspensión del Cargo Gas. El Enargas, en tanto, volvió a recordar que repartió instrucciones a las distribuidoras sobre cómo determinar las excepciones al aumento, desde el 6 de febrero pasado. Fuente: Cronista.com